MIAMI. – El gobierno de Florida inició una batalla legal para mantener operativo el centro de detención de inmigrantes ‘Alligator Alcatraz’, luego de que una jueza federal ordenara el cese de sus operaciones.
El fiscal general del estado, James Uthmeier, confirmó la presentación de una apelación y declaró que la instalación continuará funcionando, pues considera que la decisión judicial responde a presiones políticas y que su clausura causaría «daños irreparables» a la seguridad y economía locales.
Aunque el fallo prohíbe el ingreso de nuevos detenidos, el centro sigue operando con las personas que ya se encuentran en su interior mientras se resuelve el recurso legal.
Ofensiva legal y política
Uthmeier describió el fallo como un «esfuerzo de ambientalistas, de la izquierda, de los demócratas y honestamente de esta jueza, para obstaculizar nuestros esfuerzos de aplicación de inmigración».
Afirmó que la instalación es «completamente legal» y que el estado persistirá en su misión de «detener, deportar y cumplir con la promesa de servicio al pueblo estadounidense».
En sintonía, el gobernador Ron DeSantis calificó a la jueza como una «activista» y aseguró que el fallo no los disuadirá, ya que era una acción judicial que consideraban previsible.
Como respuesta inmediata, DeSantis anunció la activación de un ‘plan B’: la apertura de un nuevo centro en el norte de Florida, denominado ‘Deportation Depot’, con capacidad para albergar a 2.000 detenidos.
La jueza federal Kathleen Williams ordenó el cierre y desmantelamiento de ‘Alligator Alcatraz’ en un plazo de 60 días, tras concluir que la instalación viola leyes ambientales y derechos de comunidades originarias, además de operar en una zona de alta sensibilidad ecológica.
Según el dictamen judicial, deben ser retiradas cercas, iluminación industrial, generadores eléctricos, sistemas de gas, drenaje y desechos, además de garantizar el paso libre de la tribu Miccosukee por la zona.
Celebración
La decisión judicial fue celebrada por una diversa coalición de opositores al centro de detención. Organizaciones de derechos civiles como la ACLU, que previamente demandaron al estado por «condiciones inconstitucionales», recibieron la noticia de forma positiva.
Sus denuncias incluían la presunta presión a migrantes para firmar órdenes de deportación sin acceso a representación legal.
Grupos ambientalistas también manifestaron su satisfacción. Eve Samples, directora ejecutiva de Amigos de los Everglades, calificó la orden como una «victoria histórica» para la protección de esta área silvestre.
Por su parte, Talbert Cypress, jefe de la tribu Miccosukee, cuya comunidad considera los Everglades como territorio ancestral sagrado, declaró que defenderán su cultura y soberanía sobre esas tierras, en el marco de una demanda por violación de sus derechos territoriales.
La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quien había sido criticada por su supuesta inacción, finalmente celebró el fallo como «una victoria para el gobierno local y la dignidad humana».
Controversia
El centro «Alligator Alcatraz» no solo enfrenta batallas legales por su ubicación, sino también por graves denuncias sobre las condiciones en su interior e irregularidades administrativas.
La representante demócrata Debbie Wasserman Schultz describió la instalación como «un testimonio de crueldad, despilfarro y corrupción», con celdas que alojan a 32 detenidos con solo tres inodoros que también funcionan como lavabos.
Las críticas señalan la existencia de carpas sin ventilación, baños colapsados, comida infestada de gusanos y plagas de mosquitos en el pantano.
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