El cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos podría concluir este miércoles, en su día 43, sin que nadie se sienta satisfecho con el resultado, ni demócratas ni republicanos emergen como ganadores de una crisis que paralizó el país y generó frustración generalizada.
Los demócratas no obtuvieron las garantías que exigían sobre seguros de salud en el acuerdo de gasto. Los republicanos, pese a controlar el poder en Washington, tampoco salieron indemnes: encuestas recientes y resultados electorales locales reflejan un desgaste político considerable.
Las consecuencias del cierre afectaron a millones de estadounidenses, trabajadores federales dejaron de recibir sus cheques de pago, y los pasajeros enfrentaron retrasos y cancelaciones de vuelos. La interrupción de programas de ayuda alimentaria provocó largas filas en los bancos de alimentos y angustia entre las familias justo antes de la temporada navideña.
El acuerdo bipartidista alcanzado en el Senado incluye financiamiento para áreas críticas como asistencia alimentaria, programas para veteranos y la rama legislativa, el resto del presupuesto se extenderá hasta finales de enero, dando a los legisladores más de dos meses para definir el gasto gubernamental restante.
El cierre se originó tras la negativa de los demócratas a aprobar un financiamiento temporal sin garantías sobre la extensión de un crédito fiscal que reduce los costos de los seguros de salud. Dicho crédito, creado durante la pandemia de COVID-19 y ampliado por el gobierno de Joe Biden, expiraría a fin de año, lo que duplicaría las primas para millones de familias y dejaría sin cobertura a más de dos millones de personas, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
“Nunca las familias estadounidenses han enfrentado una situación en la que sus costos de atención médica están a punto de duplicarse, duplicarse en un abrir y cerrar de ojos”, afirmó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.
Los republicanos, encabezados por el líder de la mayoría John Thune, insistieron en aprobar primero un proyecto de financiamiento antes de discutir el crédito fiscal, “Los republicanos están listos para sentarse con los demócratas tan pronto como dejen de mantener al gobierno como rehén de sus demandas partidistas”, expresó Thune.
El estancamiento político recordó episodios anteriores, como el cierre de 2013, cuando los republicanos intentaron revertir partes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Ahora, los roles parecen invertidos, con ambos partidos repitiendo tácticas similares en una lucha por el control narrativo.
El conflicto se agudizó para los demócratas, que enfrentan crecientes presiones internas. Durante el segundo mandato de Donald Trump, más de 200.000 empleados federales fueron despedidos o reubicados, y varias agencias fueron desmanteladas. Aunque el partido intentó frenar las medidas desde los tribunales, no logró revertir los grandes recortes de impuestos ni las políticas migratorias impulsadas por la Casa Blanca.
El liderazgo demócrata, encabezado por Schumer, ha sido criticado por no adoptar una postura más firme. Las tensiones se intensificaron después de que algunos sectores progresistas amenazaran con desafiarlo en futuras elecciones internas, exigiendo una estrategia más agresiva frente a los republicanos.
Por su parte, los republicanos aprovecharon la división opositora. Un pequeño grupo de senadores de ambos partidos trabajó en un acuerdo provisional para financiar al gobierno a los niveles actuales, dejando fuera a la dirección demócrata del Senado. “Los demócratas del Senado tienen miedo de que los radicales en su partido digan que se rindieron”, afirmó el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.
El juego de culpas se convirtió en parte central de la crisis. Según una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de AP-NORC, seis de cada diez estadounidenses atribuyen gran parte de la responsabilidad del cierre a Donald Trump y a los republicanos en el Congreso, mientras que el 54% culpa también a los demócratas. La mayoría considera que ambos partidos comparten la culpa.
Los comicios recientes en Virginia y Nueva Jersey fueron vistos como una prueba del impacto político del cierre. Los demócratas celebraron sus victorias locales, mientras Trump calificó el cierre como “un gran factor negativo” para los republicanos. Pese a ello, mantuvo su presión para eliminar el filibusterismo en el Senado, buscando facilitar la aprobación de leyes sin necesidad de acuerdos bipartidistas.
El daño económico del cierre fue significativo. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó pérdidas permanentes de más de 11.000 millones de dólares tras seis semanas de paralización. Pero más allá de las cifras, el impacto humano fue devastador: empleados sin sueldo, familias sin asistencia alimentaria y una población frustrada por la incapacidad política.
“Esta disfunción es lo suficientemente dañina para nuestros electores y la economía aquí en casa, pero también envía un mensaje peligroso al mundo que nos observa”, advirtió el senador Jerry Moran, republicano de Kansas. “Demuestra a nuestros aliados que somos un socio poco confiable y señala a nuestros adversarios que no podemos trabajar juntos para cumplir siquiera con las responsabilidades más básicas del Congreso”.
Con el fin del cierre en el horizonte, Estados Unidos enfrenta una pregunta crucial: si sus líderes aprenderán de este episodio o volverán a sumir al país en otro enfrentamiento político que deje más pérdidas que avances.
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