El expresidente de peruano Pedro Castillo (2021-2022) fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que encabezó el 7 de diciembre de 2022.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó que Castillo no llegó a consumar el delito de rebelión, debido a que sus acciones golpistas no se concretaron. Por ese motivo, la Fiscalía ajustó durante el juicio su solicitud de pena, que inicialmente era de 34 años de cárcel, hasta llegar a la condena finalmente impuesta por el tribunal.
El día de los hechos, el entonces mandatario anunció en un mensaje a la nación la disolución temporal del Congreso, la intervención del Poder Judicial y el establecimiento de un gobierno de excepción mediante decretos. La declaración se produjo horas antes de que el Parlamento, dominado por la oposición, debatiera una nueva moción de vacancia tras revelarse indicios de presunta corrupción que lo involucraban directamente.
Sin embargo, su pronunciamiento no surtió efecto y a los pocos minutos fue detenido cuando había abandonado el Palacio de Gobierno de Lima y se dirigía aparentemente a la Embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo, mientras Castillo fue horas después destituido por el Congreso y enviado a la cárcel donde permanece hasta ahora.
La sala absolvió a Castillo de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, pero le impuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años, además del pago de una indemnización de 12 millones de soles (3,5 millones de dólares) en forma solidaria con sus coacusados.
La misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel recayó sobre la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada actualmente en la residencia de la Embajada de México en Lima, y para la que el tribunal ordenó una nueva búsqueda y captura contra ella; y sobre el exministro del Interior Willy Huerta.
Sin embargo, la sentencia contra Huerta quedará suspendida hasta la segunda instancia en caso de que apele y siga una serie de normas de comportamiento.
Mientras, el ex primer ministro y jefe de asesores de Castillo en el momento de los hechos, Aníbal Torres, recibió una condena de seis años y ocho meses de cárcel que el tribunal dejó sin aplicar por razones humanitarias debido su avanzada edad (82 años).
Por su parte, los exjefes policiales Manuel Lozada y Justo Venero fueron absueltos de los cargos.
El tribunal emitió esta sentencia pocos días antes de que se vencieran los tres años de prisión preventiva que se habían dictado contra Castillo cuando fue detenido el mismo día de los hechos, por lo que debía salir en libertad si antes no se anunciaba el fallo.
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