La Corte Suprema está analizando la facultad del de la administración Trump para cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS), un fallo determinará el futuro de aproximadamente 360,000 ciudadanos de Haití y Siria, estableciendo un estándar legal para todos los beneficiarios de este programa migratorio.
Por primera vez el tribunal está examinando una demanda directa contra la gestión de este beneficio, el cual otorga permisos de trabajo y protección contra la deportación a extranjeros cuyos países sufren conflictos armados o desastres naturales.
La postura gubernamental surge tras la orden de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien determinó que este amparo es “contrario al interés nacional” y que las condiciones en dichas naciones permiten un retorno seguro.
Fallos previos a favor de los beneficiarios del TPS
Anteriormente, tribunales federales en Nueva York y el Distrito de Columbia fallaron a favor de los inmigrantes, argumentando que la Administración violó la ley de procedimientos administrativos.
Aunque el caso se centra en Haití y Siria, la resolución afectará a los 1.3 millones de personas de 17 países que actualmente poseen TPS.
“La audiencia de mañana es súper importante porque, aunque en el papel el nombre del caso dice Siria y Haití, la decisión va a impactar a toda la comunidad con TPS”, explicó el coordinador de la Alianza Nacional del TPS, José Palma, a EFE.
Entretanto el codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria de la UCLA, Ahilan Arulanantham, sostuvo que la administración ha atacado la estructura de una ley utilizada históricamente por ambos partidos.
Beneficiarios se movilizan a la capital para la audiencia
Cerca de 600 beneficiarios se han desplazado a Washington para presenciar la audiencia. Entre ellos se encuentra José Urias, salvadoreño con tres décadas de residencia en EE. UU.
“Este día es muy importante para mostrar unidad, porque no son solo los inmigrantes de Siria o Haití los afectados, seremos todos los deportados”, precisó el migrante Urías, a EFE.
Megan Hauptman, abogada del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP), calificó la medida como “el mayor esfuerzo de ‘desdocumentación’ en la historia de Estados Unidos”. El tribunal, de mayoría conservadora, deberá decidir si la cancelación del programa se ajustó a la legalidad vigente.
ELDIARIONY
