Durante el gobierno de Joe Biden (20 de enero del 2021 al 20 de enero de 2025), la permanencia indocumentada por sí sola no constituía una causa de deportación, excepto si el inmigrante cometía un crimen grave que lo convirtiera en inadmisible. Pero el uso de “papeles falsos”, tal como una licencia de manejar o una tarjeta de Seguro Social, en algunos estados, si lo detienen, puede que le levanten cargos criminales graves que inicien un proceso de remoción. Y bajo el actual gobierno de Donald Trump, los riesgos son cada vez más altos.
El 29 de enero de 2025, durante una conferencia de prensa en Miami, Florida, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que “el presidente está abierto a deportar a las personas que han violado las leyes de inmigración de nuestro país. Entonces, si están aquí ilegalmente, entonces ciertamente está abierto a deportarlos, y eso es en lo que esta administración está trabajando arduamente”. Imagínense su a la estadía indocumentada le añade un cargo por uso de papeles falsos.
A la pregunta si la presencia indocumentada era una falta de carácter civil no criminal, Leavitt respondió que se trataba de “un delito federal”. Y agregó que toda persona que “viola las leyes de nuestra nación” cometen un delito y, por lo tanto, “son criminales en lo que respecta a esta administración. Sé que la última administración (la de Biden) no lo vio de esa manera, por lo que es un gran cambio cultural en nuestra nación ver a alguien que viola nuestras leyes de inmigración como un criminal. Pero eso es exactamente lo que son”.
A partir de entonces el escenario cambió bruscamente para millones de extranjeros indocumentados, y el uso de documentos falsos se convirtió en un riesgo con graves consecuencias.
Cómo era antes del 20 de enero el usar documentos falsos
“No estábamos viendo una persecución de personas que utilizaban documentos falsos para vivir en Estados Unidos, pero el uso de papeles falsificados o que pertenecen a otras personas podía ponerlo en riesgo de ser deportado”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.
“Tampoco estábamos viendo que en todos los estados les estaban levantando cargos criminales, pero en Nueva York, por ejemplo, sí lo hacían si la persona detenida portaba o utilizaba un carné de manejar y una tarjera de la seguridad social que no le correspondía”, agrega.
Gálvez dice además que, en California “no estábamos viendo eso en el gobierno anterior”, pero desde los primeros indicios bajo la actual administración indicaron que “todo está cambiando”.
“Generalmente, el estándar era que un juez, por ejemplo, no le importaba qué tipo de papeles usaba el inmigrante indocumentado para trabajar, sólo se fijaba que la persona no fuera una carga pública y pagara sus impuestos». Pero ahora vemos consecuencias también para los empleadores.
“Este gobierno amenaza con arrestar a los empleadores. El presidente Trump castiga a los patronos con auditorías y puede llevarlos a juicio. Ya se siente la presión”, indica Gálvez.
Doble estándar
A pesar de que el gobierno de Biden no persiguió esta infracción, como lo hizo Trump en su primer gobierno (y ahora nuevamente a partir del 20 de enero de 2025), “las leyes son contradictorias”, señala Gálvez. “En la administración anterior no querían que una persona estuviera aquí indocumentada. Sin embargo, querían que trabajara y pagara impuestos”.
“Cuando un inmigrante va a un tribunal de inmigración, los jueces preguntan si la persona está trabajando. Y no lo preguntan porque sea algo malo, sino para descartar que se haya convertido en una carga pública, porque eso sí es malo”, indica. Pero ahora hay nuevas presiones, como ocurrió entre enero de 2017 y enero de 2021.
Las primeras órdenes ejecutivas migratorias firmadas por Trump el 20 de enero del año pasado establecen un primer escenario de la rudeza de la política migratoria de ‘tolerancia cero’. Durante la campaña, Trump aseguró que el blanco de las deportaciones masivas era indocumentados criminales y con orden de deportación. Después de las declaraciones de Leavitt del 29 de enero del año pasasdo, cualquier indocumentado (en el país hay unos 12 millones, algunos con familias mixtas e hijos estadounidenses que llevan décadas en Estados Unidos) es un criminal.
La política anterior
Bajo el primer gobierno de Trump, la prioridad era la persecución de aquellos que utilizan documentos fraudulentos. Miles de operativos se pusieron en curso para detener a inmigrantes y deportarlos por este motivo, todo ello bajo la denominada, al igual que ahora, política de ‘tolerancia cero’.
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