Los inmigrantes indocumentados podrían enfrentar complicaciones en el manejo de sus finanzas en Estados Unidos y en el envío de remesas a sus países, debido a una nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump.
La orden “Restaurando la Integridad del Sistema Financiero de Estados Unidos” instruye al Departamento del Tesoro para implementar mecanismos que impidan a indocumentados utilizar el sistema financiero de EE.UU. si no tienen autorización de empleo en el país.
“Los bancos y otras instituciones financieras también deben prestar atención a los riesgos crediticios asociados con préstamos hipotecarios, préstamos automotrices, tarjetas de crédito y otros créditos al consumidor otorgados a personas sin autorización legal de trabajo o sujetas a deportación“, indica la orden del 19 de mayo.
La orden también se enfoca a los empleadores de inmigrantes indocumentados, incluso aquellos que cuentan con un ITIN.
“Los empleadores que violan las leyes migratorias podrían subreportar salarios, utilizar números de Seguro Social inválidos o no coincidentes, o incumplir con la retención y remisión adecuada de impuestos sobre la nómina”, advierte la orden. “Estos esquemas pueden crear vulnerabilidades dentro del sistema financiero al ocultar fuentes de ingresos, distorsionar la evaluación crediticia y facilitar actividades económicas clandestinas”.
El argumento central de la orden es que las transferencias al extranjero han contribuido al crecimiento del crimen organizado, por lo cual el Departamento del Tesoro debe proponer nuevas reglas de operación.
Sin embargo, la parte medular se inclina hacia los inmigrantes indocumentados y quienes les otorgan servicios financieros.
“Muchos de estos prestatarios se enfrentan a la posibilidad de perder sus salarios debido a la deportación o a las decisiones de sus empleadores de cumplir con la ley de inmigración”, advierte la orden. “Otorgar préstamos a extranjeros sin autorización legal para trabajar o que enfrentan un riesgo sustancial de pérdida de salario crea una deficiencia estructural en la capacidad de pago que socava la seguridad y la solidez del sistema bancario nacional”.
De aplicarse la orden como se establece, los inmigrantes de México, China, India y Centroamérica serían los más afectados por la cantidad de remesas enviadas anualmente a sus países.
El documento insiste en que hay fraudes sobre números de Seguro Social y Documentos de Autorización de Empleo, lo cual puede vulnerar el sistema financiero de EE.UU.
“Los empleadores que infringen la ley de inmigración pueden declarar salarios inferiores a los reales, usar números de Seguro Social y números de identificación fiscal incorrectos o inválidos, o no retener o remitir correctamente los impuestos sobre la nómina”, dice el documento. “Estos esquemas pueden crear vulnerabilidades en nuestro sistema financiero al ocultar las fuentes de ingresos, distorsionar la evaluación crediticia y facilitar la actividad económica informal”.
En 60 días, el Departamento del Tesoro debe tener un reporte sobre los riesgos financieros para EE.UU. con el envío de remesas y en 90 días como máximo se deberán imponer cambios en las regulaciones.
“Dentro de los 90 días siguientes a la fecha de esta orden, el Secretario del Tesoro, en consulta con los reguladores financieros funcionales federales correspondientes, propondrá cambios a las reglamentaciones de aplicación de la Ley de Secreto Bancario para fortalecer los requisitos de debida diligencia del cliente basados en el riesgo para las instituciones financieras cubiertas”, se indica.
ELDIARIONY
