MIAMI.- La Junta Estatal de Educación de Florida aprobó el martes, con el voto en contra de un solo integrante, dos normas que exigen a quienes soliciten ingreso a los colegios públicos del estado y a los programas de educación general para adultos que certifiquen su ciudadanía estadounidense o su presencia legal en el país.
La decisión, tomada por videoconferencia, se suma a la ofensiva migratoria que impulsa el gobernador Ron DeSantis y afecta a los 28 colegios del Sistema de Colegios de Florida, entre ellos Miami Dade College, Broward College, Palm Beach State College e Indian River State College, además de los cursos de preparación para el examen de equivalencia GED.
Alcance de las nuevas normas
La primera regla, denominada estándares mínimos para la admisión a las instituciones del Sistema Universitario de Florida, obliga a los aspirantes a certificar que son ciudadanos o que se encuentran legalmente en el país y a presentar la documentación correspondiente antes de matricularse.
La segunda norma, referida a los requisitos generales del Programa de Educación General para Adultos, exige a los proveedores de esos cursos, incluida la preparación para el GED, establecer políticas escritas de verificación migratoria.
Ninguna de las dos disposiciones alcanza a las doce universidades públicas del estado, que dependen de la Junta de Gobernadores del Sistema Universitario y analiza por separado una restricción similar.
El único voto en contra correspondió a Daniel Foganholi, designado por DeSantis en 2022, quien explicó que no comparte que la junta asuma funciones de aplicación migratoria, competencia del Gobierno federal.
Antes de la votación, un comité bipartidista de legisladores había enviado una carta al Departamento de Educación en la que cuestionaba el respaldo legal de la medida y sostenía que los estatutos citados por el estado no respaldan el requisito documental incorporado en la norma.
Reacciones y contexto
Cerca de cuarenta personas intervinieron en el turno de comentarios públicos antes de la votación y la totalidad de los testimonios se pronunció en contra de la propuesta. Entre ellas, la integrante de la junta escolar de Miami-Dade, Luisa Santos, relató su experiencia como inmigrante indocumentada llegada de Colombia a los ocho años y hoy convertida en empresaria.
Santos advirtió ante el pleno que nada de lo alcanzado habría sido posible si las reglas debatidas hubieran existido entonces. DeSantis, en cambio, defendió la prioridad para los residentes del estado y sostuvo que «yo preferiría que ese cupo fuera para un residente de Florida».
La medida llega casi un año después de que Florida derogara la ley de 2014 que permitía a estudiantes indocumentados graduados de secundarias del estado acceder a la matrícula estatal reducida, lo que desde entonces obliga a esa población a pagar tarifas de fuera del estado.
Estimaciones del Florida Policy Institute señalan que el sistema de colegios podría perder más de quince millones de dólares anuales en matrícula y cuotas, y datos del Higher Ed Immigration Portal indican que unos ocho mil estudiantes indocumentados egresan cada año de secundarias floridanas.
Próximo paso en las universidades
La norma entrará en vigor una vez concluya el proceso de reglamentación administrativa del estado y aún no está claro si alcanzará a los estudiantes ya matriculados.
La atención se traslada ahora a la Junta de Gobernadores del Sistema Universitario de Florida, que estudia una restricción equivalente para las doce universidades públicas, entre ellas la Universidad de la Florida y la Universidad Estatal de Florida, sin que se haya fijado fecha para una votación definitiva.
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