El abogado Mérido Torres ha sido noticias en las últimas semanas luego de que su nombre apareciera en el voluminoso expediente utilizado por el Ministerio Público para pedir medidas de coerción con los involucrados en la operación Calamar, por la cual están detenidos tres exministros de las gestiones de Danilo Medina.
Pero como si no bastara esto, Torres ahora ha salido a relucir por su función en la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, de la cual es director, posición que la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, le ha pedido que tome una licencia por su mención en Calamar.
Y es que en un reportaje de Nuria Investigación Periodística se mostraron varias denuncias que ubican a Mérido Torres, y a allegados a la institución que dirige en supuestas violaciones al derecho a la propiedad y al abuso de poder.
Estas denuncias se basan en que la Unidad de Titulación ha otorgado títulos de propiedad a invasores de terrenos a pesar de que hay sentencias del Tribunal Constitucional que ordena el desalojo de estos del lugar.
También está una denuncia que señala que el director de Titulación ha formado una comisión de malhechores con uso militar para adueñarse de una propiedad en Santo Domingo Este, con la complicidad de su hija y el fiscal de ese municipio, Milciades Guzmán.
Denuncia en Montecristi
Tal es el caso de una familia de Montecristi, que denuncia que la Unidad de Titulación ha cometido una irregularidad con su propiedad, al colocar invasores como supuestos propietarios y no les ha entregado el título definitivo que los acredita como dueños de una parcela de 290 metros.
La denunciante Amparo Peña Mena alega que su familia lleva más de 5 décadas en esa parcela en Montecristi y que decidieron en el 2011 presentarse al Instituto Agrario Dominicano (IAD) para legalizar su tierra y la entidad procedió a hacerle un asentamiento.
Por ese motivo, el IAD le entregó a sus padres dos certificados de los terrenos ubicados en El Pocito de Guayubín, la misma zona donde el pasado 17 de marzo, el presidente Luis Abinader encabezó la entrega de títulos de propiedad.
A pesar de que en marzo el director de la Unidad de Titulación había indicado que las 1,183 familias beneficiadas con la entrega de títulos eran los propietarios, la familia Peña asegura que muchos no son los dueños reales de esas parcelas.
Denuncian que han sido timados por la Unidad de Titulación de Terrenos del Estado y su director, al no entregarles el título definitivo de las 290 tareas.
La propiedad de los Peña fue invadida en el 2015 por un grupo encabezado por Humberto Román Monción, alto dirigente del Partido Acción Liberal (PAL), por lo que se vieron obligados a someter el caso a la justicia, obteniendo ganancia en una sentencia del Tribunal Constitucional, donde se ratifica el desalojo.
Ante el incumplimiento de esta sentencia, en enero de 2022, la familia envía una carta al presidente Luis Abinader y copia de las sentencias, solicitándole que disponga la titulación de sus terrenos, petición que fue acogida oportunamente, pues éste da las instrucciones a Mérido Torres, en la que le pide prestar la debida atención a esta notificación.
La familia Peña indica que una vez se tasó la propiedad en 99 millones de pesos la entidad pública procedió a archivar su expediente, a tal grado que el subdirector de Titulación, Santiago Caba, ordenó detener el desalojo que estaba facultado por el Tribunal Constitucional.
“Ese desalojo que se está pretendiendo hacer no va, oiga bien, no va. Yo hablé con la fiscal en el día de ayer y ella me dijo que le presenté la documentación que tenemos nosotros y la están preparando en la Comisión de titulación. Así que yo le pido y le ruego por favor que no se preste y que no preste su auxilio para ese desalojo, porque desde hace mucho lo estamos evitando”, dice Caba en un audio llegado al programa Nuria Investigación Periodística.
Amparo Peña Mena expresa que la Unidad de Titulación engaveta el expediente y se entera de manera extraoficial que titularían a los invasores, dejando fuera a su familia, que por sentencias de los tribunales fueron ratificados como legítimos propietarios, por lo que el 10 de marzo de 2023, 7 días antes del acto de entrega, publican un espacio pagado en un periódico de circulación nacional alertando de lo que estaba pasando.
Llega el 10 de marzo, día del acto que ya mencionamos y la familia Peña Mena confirma su temor, su parcela fue dada a los invasores.
“De esa propiedad entregaron muchos títulos que no se han visto, porque todo se manejó en un hermético silencio donde solamente ellos sabían lo que estaba pasando”, dice Peña ante las cámaras.
Lamenta que se entregaron títulos a los 11 invasores de su propiedad que tienen una orden de desalojo que acatar, así como a aquellos que les han comprado solares a estos.
“Le han vendido propiedades a haitianos. Usted Va ahora mismo y hace un descenso al terreno de los techos y ahí lo que viven son haitianos”, indica.
De todos modos, la familia Peña Mena no pierde la esperanza de que el presidente de la República, Luis Abinader, declare nula esa titulación.
La familia Peña lamenta que con este accionar, la Unidad de Titulación está incumpliendo con las sentencias ratificadas 4 veces, así como con la orden dada por el presidente de tramitar la titulación de la familia, en plena violación al artículo 17 de la Declaración de los Derechos Humanos, que establece que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.
No es la única denuncia contra Mérido Torres
Pero esta no es la única acusación contra el director de la Unidad de Titulación ligada a asuntos de propiedad, pues el 4 de mayo de 2022, el ciudadano José Antonio Ruiz Sánchez interpuso una querella contra Mérido Torres y su hija, la también abogada Cindy Torres Polanco, por asociación de, abuso de confianza y abuso de poder.
La denuncia detalla que el director de Titulación, con el fiscal titular de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán, realizaron un desalojo ilegal el 31 de marzo de 2022, al irrumpir en la propiedad de José Antonio Ruiz Sánchez, en la avenida España #73, con personal armado, obligando a salir a un haitiano que laboraba como seguridad.
El expediente establece que al momento del desalojo, su representado no estaba presente por una recuperación postquirúrgica, pero en horas de la noche de ese mismo día, fue a la propiedad y al intentar entrar con sus llaves escuchó disparos, por lo que llamó al 911, quienes al ingresar conversaron con dos guardianes de una empresa privada que les manifestaron que habían sido contratados por la hija del director de Titulación, Cindy Torres, a quien llamaron y le pidieron que se apersonara con los documentos que le acreditaban como propietaria ya que Ruiz tenía los suyos en manos.
Explica que 60 minutos después de esta conversación, llega un coronel de apellido Aquino, quien le dice a Ruiz que por “órdenes superiores tenía que llevarlo detenido”.
Aún convaleciente y pese a que no había una orden de un juez, fue llevado al destacamento de Invivienda y entregado al coronel Orlando Báez Severino, quien también le dijo que esa orden venia de arriba, que no era nada personal y procede a llamar al fiscal Héctor Romero Peña, quien dice que estaba recibiendo órdenes de su superior, el fiscal Milcíades Guzmán.
El abogado del señor Ruíz, Gabriel Méndez Cordero, dijo a Nuria Investigación Periodística que las autoridades duraron tres días con su defendido preso, sin presentarle ningún tipo de medida de coerción.
Establece que logra salir luego de que lo coaccionaran a firmar esta hoja escrita a mano, firmada por el director de titulación y su hija, Cindy Mariel Torres, en la que se compromete a salir del terreno, que según una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) está valorado en unos 5 millones 618 mil 589 pesos.
Afirma que luego de 4 meses en los tribunales sin ningún resultado, en septiembre de 2022 envían una comunicación a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental.
El 18 de noviembre, dos meses después, reciben respuesta de la DIGEIG, que alega que “no hay evidencias para atribuir a Mérido Torres, la comisión de una falta ni el uso de la estructura militar pública en favor de provecho particular, por lo que corresponde archivar la denuncia”.
Mientras tanto, en las oficinas de Nuria Investigación Periodística, reposan el título de propiedad, declaraciones de pagos de impuestos por la propiedad, entre otros documentos que acreditan al denunciante como propietario, quien no puede ingresar a su propiedad porque actualmente la hija del funcionario la tiene alquilada a un propietario de un dealer.
En medio de tantos cuestionamientos con su mención en la Operación Calamar y estas denuncias de abuso de poder, el funcionario no asistió este martes, como acostumbra, al acto de entrega de títulos realizado en Bahoruco.
Con respecto a su mención en el expediente de lo que ha sido calificado como la “operación más grande de lavado”, la directora de Ética consideró que lo recomendable sería que tomara una licencia de sus funciones.
Sin embargo, el funcionario manifestó que no renunciará de su cargo, atribuyéndolo todo a una persecución política.
