El enorme puente que atraviesa las Cataratas del Niágara, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, se convirtió en una pesadilla para Araceli y su familia.
Ella y su pareja, salvadoreños en sus 30, cruzaron caminando el imponente Rainbow Bridge con sus dos hijas, de 4 y 14 años, el pasado 17 de marzo.
Llegaron al control fronterizo de Canadá con una maleta y con los documentos que, creían, les aseguraban que pronto se reencontrarían con los hermanos de Araceli en territorio canadiense y que dejarían atrás el miedo a ser deportados de EE.UU. durante el segundo gobierno del presidente Donald Trump.
Pero el plan fracasó. No solo una, sino dos veces.
En Canadá les negaron la entrada y los obligaron a regresar a su situación de migrantes irregulares en EE.UU., en donde los esperaba una celda, una dolorosa separación y la mayor angustia que han vivido en los últimos años.
Araceli habló con BBC Mundo desde un refugio en la frontera norte de EE.UU. y antes de lograr entrar a Canadá, algo que consiguió tras un complejo tercer intento como solicitante de asilo.
Esta es su historia.
La excepción a la regla
En 2005 entró en vigor el acuerdo de «tercer país seguro» entre Canadá y Estados Unidos, bajo el cual los solicitantes de asilo deben pedir protección como refugiados en el primer país seguro al que lleguen.
«Estados Unidos es el único país designado como tercer país seguro por Canadá en virtud de la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados», según informa en su página web.
Así, al pedir la protección en EE.UU. como país seguro, no pueden hacerlo en Canadá.
Pero, como toda regla, ésta también tiene algunas excepciones.
Una de ellas es que si quien llega desde EE.UU. prueba que tiene en Canadá un familiar del círculo cercano y que ese familiar cumple con ciertos requisitos, la persona puede entrar al país e iniciar su petición de refugio.
Y esa excepción es a la que Araceli buscó acogerse, pues su hermano mayor vive en Canadá y cumple con los requisitos.
Tomó esa decisión luego de vivir más de una década como indocumentada en EE.UU., al igual que su pareja y su hija mayor. Su hija menor nació en Nueva Jersey, así que es la única de la familia con pasaporte estadounidense.
En EE.UU., Araceli construyó una vida e intentó iniciar un proceso de petición de asilo, pero no lo logró.
«Me cobraron un dinero, me dijeron que iba a tener un permiso de trabajo. Le pagué eso a un abogado, pero nunca me dieron respuesta de si lo aprobaron o no», recuerda.
Araceli tiene 12 hermanos y, como ella, varios dejaron El Salvador por problemas de seguridad en la comunidad campesina en la que crecieron.
Dos de ellos consiguieron llegar a Canadá, presentar su caso y ser admitidos. El mayor, que lleva más tiempo, ya es ciudadano y el otro está en proceso de solicitud de asilo.
Así que en enero de 2025, cuando inició el segundo gobierno del presidente Trump y se empezaron a reportar redadas y deportaciones masivas de inmigrantes, algunas de ellas con destino a El Salvador, Araceli temió lo peor y decidió pedirle ayuda a su hermano.
Entre los dos reunieron los documentos para probar su parentesco familiar en la frontera.
«Solicitamos los papeles a través de la Alcaldía del Salvador, de Los Ranchos, de mi comunidad, además mi hermano me dio la partida de nacimiento de él», explica.
Araceli y su familia desmontaron su casa en EE.UU. y se despidieron de la vida que habían construido.
«Cuando llegamos al puesto fronterizo nos preguntaron a qué íbamos. Les dijimos que queríamos pedir refugio en Canadá y entregamos la documentación, yo llevaba todas las partidas originales. Ellos agarraron todo, hasta la mochila y nosotros quedamos sin nada. Nos llevaron a un cuarto de espera», recuerda Araceli.
Pasaron toda la noche allí. Cada tanto los agentes de migración le hacían preguntas a Araceli con la ayuda de un intérprete que traducía vía telefónica entre inglés y español.
Hasta que le dijeron que había un inconveniente con la solicitud.
«Encontraron un pequeño detalle, que en mi partida [de nacimiento] mi papá sólo tenía un apellido y en la de mi hermano tenía dos apellidos. Pero en la parte de atrás estaba la marginación que se le dice, que es la explicación».
Y aunque esa aclaración explicaba que ese tipo de imprecisiones son comunes en El Salvador, el agente les negó la entrada a Canadá.
«Segundo intento»
La familia regresó resignada y con la angustia de enfrentarse a su mayor miedo: que los separaran y los deportaran.
En el puesto de control estadounidense los metieron en un cuarto sin ventanas y sin baño. «Pasamos 14 días los cuatro en esa celda», cuenta Araceli y aclara que podían salir a usar el baño, pero apenas los dejaban estar al aire libre.
Desde ahí llamaron a su hermano y él buscó ayuda legal con una organización canadiense que apoya a migrantes. Días después, la abogada Heather Neufeld tomó el caso de la familia.
Como no era posible comunicarse con Araceli, la abogada contactó con la ONG Justice for Migrant Families (Justicia para Familias Migrantes) que opera en Buffalo, NY, cerca de la frontera.
Jennifer O’Connor, directora de la organización, fue hasta el puesto de control varias veces para servir de puente con Araceli y apoyarla con la documentación legal de su caso.
«La segunda vez que estuve allí, me reuní con Araceli. Envié los documentos a la organización canadiense y a la abogada Neufeld. Luego se la llevaron de nuevo a la celda. Pero antes de irme, me dijeron: ‘espera, espera. Hay un cambio de estatus. La están llamando de vuelta. Quieren que regrese al otro lado'».
Araceli recuerda que le dijeron algo parecido, «llegaron dos agentes a la celda y dijeron: ‘Felicidades, ustedes van para Canadá'».
Pero todo era muy inesperado y no estaba claro quién los mandaba llamar ni por qué.
O’Connor se despidió antes de que entraran al puesto de control. Y aunque esta vez todo fue más rápido, volvieron a negarles la entrada.
«Me dijeron lo mismo, aunque era otro agente. ‘Hemos sido demasiado generosos’, me dijo, ‘en recibirlos aquí otra vez. Estados Unidos va a ver qué hace con ustedes’.
El problema ahora era que esa segunda ida al lado de Canadá se contó como una reconsideración del caso, la única a la que la familia tiene derecho dentro de la regulación de ese país.
Pero en sentido estricto la familia no regresó por su voluntad, sino porque así se lo indicaron las autoridades estadounidenses. Y eso es parte del argumento que presentó la abogada al pedir una reconsideración oficial ante las autoridades canadienses.
«Sometimos todas las pruebas con nuestros argumentos a Migración Canadá. Nos mandaron una carta con una sola frase diciendo que no iban a cambiar su decisión inicial, así que la única opción que quedaba era una petición en la corte federal», explica Neufeld. MAS EN BBC
