La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó este martes la condena por corrupción en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que frena su candidatura a diputada en las elecciones y, además, habilita su detención, informó La Nación.
El fallo provocó un terremoto político en el país sudamericano, ya que es la última instancia que tenía la exmandataria, actual presidenta del Partido Justicialista (PJ, sello electoral del peronismo) para invalidar el juicio en el que se la condenó.
Además, modifica el escenario político de este año, ya que Fernández de Kirchner había confirmado que participaría como candidata a diputada en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que se realizarán el próximo 7 de septiembre. Sin embargo, no podrá postularse, algo que nunca había ocurrido en la política argentina.
Fernández de Kirchner queda así marginada de cualquier competencia electoral, y no podrá ocupar cargos públicos de por vida.
Por su edad, 72 años, la dos veces presidenta, reelegida en 2011 con el 54 % de los votos, podrá solicitar la prisión domiciliaria.
El fallo fue celebrado de inmediato por el presidente Javier Milei, quien emitió un breve mensaje desde su cuenta de la red social X: «Justicia. Fin».
También dejó una posdata con un ataque explícito contra la prensa: «La República funciona y todos los periodi$ta$ (sic) corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuestos en sus opereta$ (operaciones) sobre el supuesto pacto de impunidad».
La decisión de la Corte fue anticipada por múltiples comunicadores antikirchneristas que denuestan a la expresidenta y al peronismo en general. La víspera, Fernández de Kirchner consideró que el único fin de los procesos judiciales en su contra, y de este en particular, era proscribirla.
El lunes por la noche, la expresidenta habló en un acto del PJ que tuvo como enfoque principal repudiar el fallo que ya anticipaban los medios antiperonistas, y que el oficialismo esperaba con ansias. «Este modelo es inviable», declaró al analizar las políticas aplicadas por el Gobierno de Javier Milei. Y continuó: «Creen que lo van a solucionar metiéndome presa. Estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor», pronosticó.
En su discurso, la líder de la oposición llamó a la ciudadanía a movilizarse en contra de la decisión de la Corte, a la que definió como «la guardia pretoriana del poder económico».
«Bastó que hace una semana anunciáramos una candidatura para que se desataran los demonios», apuntó.
El juicio
En diciembre de 2022, la entonces vicepresidenta fue condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, al terminar un juicio que duró tres años y medio. El proceso estuvo rodeado de escándalos y denuncias de supuesta parcialidad.
Fue el final de la llamada ‘Causa Vialidad’, que inició en 2016 con una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri. La carpeta investigó los 51 contratos de obras públicas que obtuvo el empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
El tribunal declaró a la expresidenta culpable del delito de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» por haber encabezado una cadena de corrupción en la que colaboraron otros funcionarios, y que benefició a Báez, quien se enriqueció durante los gobiernos kirchneristas.
Pero hubo graves problemas durante el proceso, ya que se revelaron fotos en las que el fiscal Diego Luciani, quien realizó el alegato acusador contra la expresidenta, y el juez Rodrigo Giménez de Uriburu (miembro del tribunal que la juzgaba), jugaban juntos al futbol en las canchas de la casa de campo del expresidente Mauricio Macri, el principal adversario de Fernández de Kirchner.
Luego se filtraron chats en los que jueces, funcionarios y empresarios de medios manipulaban las evidencias de un lujoso viaje que habían realizado juntos a la Patagonia, con todos los gastos pagados por el Grupo Clarín (el multimedios más importante del país y acérrimo crítico del kirchnerismo).
El escándalo, que desató señalamientos de presunta corrupción judicial, no tuvo consecuencias. Uno de los viajeros era el juez Julián Ercolini, instructor de la causa contra Fernández de Kirchner, es decir, quien reunió los supuestos elementos de prueba y los consideró suficientes para que la investigación llegara a juicio oral y público.
Pese a estas anomalías, el juicio siguió adelante y culminó con un fallo de culpabilidad sobre cargos que Fernández de Kirchner siempre negó.
En la mañana de este martes, Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Fernández, anunció desde sus redes sociales que ha presentado una denuncia en los tribunales internacionales de La Haya contra el cuestionado fallo del máximo tribunal.
«Llevamos la voz de millones que ya no encuentran justicia en su propio país. Denunciamos la persecución sistemática —política, judicial, mediática e institucional— contra Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta y actual líder política de la Argentina», manifestó.
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