La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó este miércoles la legalidad de una ley estatal de Tennessee que prohíbe el acceso de menores de edad a tratamientos médicos relacionados con la transición de género, como bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales y cirugías. La decisión se tomó con seis votos a favor y tres en contra, en un fallo que profundiza la controversia sobre los derechos de las personas transgénero y el papel del Estado en la atención médica juvenil.
En su fallo, el presidente del tribunal, John Roberts, escribió que la función de la Corte no es “juzgar la sabiduría, la equidad o la lógica de la ley”, sino únicamente evaluar si vulnera las garantías constitucionales. A su juicio, la norma no infringe la cláusula de igualdad ante la ley, y por tanto corresponde a los legisladores decidir este tipo de asuntos dentro del proceso democrático.
La ley de Tennessee, promulgada por legisladores del Partido Republicano, forma parte de una tendencia nacional. Al menos 20 estados con gobiernos conservadores han aprobado medidas similares que restringen el acceso de jóvenes transgénero a tratamientos médicos considerados por sus defensores como fundamentales para su bienestar.
El caso llegó al alto tribunal después de que un grupo de adolescentes trans, sus padres y una ginecóloga impugnaran la ley con el respaldo de organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). El abogado Chase Strangio, quien representa a los demandantes, argumentó que la legislación ha “eliminado el único tratamiento que alivió años de sufrimiento” para sus representados.
“Esta prohibición ignora el juicio informado de padres que cuidan de sus hijos y de los médicos que recomiendan estas terapias de manera responsable”, afirmó Strangio, el primer abogado transgénero en presentar alegatos ante la Corte Suprema.
Durante los argumentos orales celebrados en diciembre, el fiscal general de Tennessee, Matthew Rice, defendió la ley alegando que su propósito es proteger a los menores de intervenciones médicas irreversibles que, según dijo, “carecen de respaldo científico sólido y pueden tener consecuencias permanentes”.
En ese momento, el gobierno del entonces presidente Joe Biden se unió a la parte demandante, al considerar que la norma violaba la Constitución al negar a las personas transgénero el acceso a tratamientos médicos disponibles para otros menores. Sin embargo, el nuevo presidente, Donald Trump, ha sostenido una postura contraria y firmó una orden ejecutiva que restringe el respaldo federal a los procedimientos de transición de género en menores.
El decreto firmado por Trump afirma que “los profesionales médicos mutilan y esterilizan a un número creciente de niños” y califica esta práctica como una “mancha en la historia de la nación” que, según reza el texto, “debe terminar”.
Los bloqueadores de pubertad y otros tratamientos de afirmación de género son defendidos por numerosos especialistas y organizaciones médicas, quienes aseguran que su uso puede ser vital para jóvenes que sufren disforia de género, contribuyendo a reducir riesgos de depresión y suicidio.
La decisión de la Corte Suprema representa una victoria para los defensores de las leyes restrictivas, pero también marca un precedente que podría afectar futuros litigios sobre derechos de menores transgénero en distintos estados del país.
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