Un atentado ocurrido el sábado dejó 20 muertos y 36 heridos en una carretera del suroeste de Colombia, cuando faltaba poco más de un mes para las elecciones presidenciales.
Las autoridades atribuyeron el ataque a los rebeldes de la extinta guerrilla de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.
Un testigo del atentado aseguró a la AFP estar «asustado» por el brote de violencia que vive Colombia de cara a los cómicos presidenciales del 31 de mayo.
El ataque ocurrió en el departamento del Cauca, uno de los más azotados por la guerrilla ofensiva previa a las elecciones y con una extensa superficie sembrada de narcocultivos.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, reportó «20 civiles fallecidos» y «36 personas heridas» en un mensaje publicado en X.
Anteriormente había cifrado en 14 el número fallecidos y 38 heridos a causa de la enorme explosión ocurrida el sábado en una carretera del departamento.
Según el Ejército, la explosión en medio de un retén que habían instalado los disidentes.
La bomba impactó a más de una decena de vehículos y los desplazó varios metros, según testigos del atentado.
La AFP captó imágenes de cuerpos cubiertos, vehículos destrozados y un enorme cráter en la vía.
Los videos que circulan en redes sociales muestran restos de las víctimas esparcidas por el suelo.
El presidente izquierdista Gustavo Petro tildó a los rebeldes de «terroristas» y ordenó a la fuerza pública redoblar su persecución.
«Irrespeto»
Los rebeldes siembran el terror en las regiones del Cauca y el Valle del Cauca, con una seguidilla de atentados que arrancó el viernes con un ataque bomba contra una base militar en la ciudad de Cali, que dejó dos heridos.
Se han registrado 26 ataques desde entonces, según el Ejército.
El atentado muestra «irrespeto» hacia la vida de los civiles, dice a la AFP Elizabeth Dickinson, directora para Latinoamérica de la ONG International Crisis Group y experta en el conflicto colombiano.
«Siempre se encuentra en la mitad la población civil», remarca.
Las facciones lideradas por Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia, hostigan a la fuerza pública con explosivos, drones y fuego cruzado como muestra de su poder en la zona.
La candidata a la vicepresidencia de la izquierda, la líder indígena Aida Quilcué, fue retenida durante 24 horas en febrero cuando se desplazaba por una carretera del Cauca.
«El mensaje hacia el Estado es: ‘aquí estamos y aquí mandamos'», dice Dickinson.
«Su propósito es generar zozobra y terror entre la población», agrega.
Sin paz
Tras su llegada al poder en 2022, Petro intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, que han fortalecido sus filas en los últimos años.
La disidencia de las FARC al mando de alias Iván Mordisco decidió levantarse de la mesa de negociaciones en 2024 y aumentó la presión contra civiles y fuerza pública.
La oposición, expresidentes y militares en retiro critican la política de paz de Petro y lo acusan de ser indulgente con los criminales.
Tras la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016, los grupos ilegales compiten en Colombia por las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
«El crecimiento de los grupos armados con un propósito económico viene desde 2016», dice Dickinson.
«Pero la paz total (política de Petro) no fue capaz de frenarlo», apunta.
La seguridad tiene un fuerte peso de cara a las elecciones presidenciales, en las que el heredero político de Petro, el senador Iván Cepeda, es el favorito según las encuestas.
Agencia AFP
