Hace una semana trascendió en el país el anuncio del director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Víctor Castro, de que se iban a quemar útiles que le habían costado unos 100 millones de pesos al Estado y que estaban almacenados desde el 2012 cuando fueron licitados.
La noticia generó mucha preocupación en los ciudadanos, tomando en cuenta que en este país a muchas familias pobres se les dificulta la compra de útiles escolares de sus hijos.
El equipo N Investiga realizó un reportaje que explica qué fue lo que sucedió y la veracidad de la información que circuló en los diferentes medios de comunicación.
Cabe destacar que se pretendía destruir miles de zapatos, pantalones, medias, camisas y mochilas surtidas, bajo el alegato de que “el Ministerio de Educación los había recibido en mal estado, pese a que el encargado del almacén rechazó recibirlos tras confirmar que estaban dañados, pero fue una orden de su superior lo que lo llevó a aceptarlos, aun cuando el encargado elaboró un informe dejando claro el estado en que llegó la mercancía, la cual fue importada desde China”.
Al cuestionar al director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Víctor Castro, sobre si esta compra fue sometida a licitación este respondió que desconocía si se cumplió con dicho procedimiento.
“Yo no sé ni siquiera si hubo un proceso de licitación, porque tú sabes que eso era más o menos, contratos que se entregaban por influencia. No creo que se sometiera a la rigurosidad de la Ley 340 o cualquier otra ley en ese momento, creo yo”, expresó Castro.
Sin embargo, la exministra de Educación, Josefina Pimentel, manifestó que si se procedió con una licitación en mayo.
“Claro, en el mes de mayo, exactamente los días 12 y 13, se publicó un llamado a licitación en los medios escritos en el portal también del Ministerio para la adquisición de lotes de zapatos, mochilas escolares, pantalones, medias y creo que camisas”, aseguró la exministra.
Se refiere a la licitación pública nacional ME-LPN-10-2012-GD, en el marco del inicio del Año Escolar 2012-2013 por más de 186 millones de pesos. El 30 de agosto de 2012, diez días después de haber iniciado la docencia, se adjudicaron 7 lotes.
El director del INABIE indicó que la mercancía correspondía a la compañía Laugama, la cual relaciona al hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, acusado de corrupción administrativa en la Operación Anti-Pulpo.
En ese sentido, Castro aseguró que verificó la referida información, a través de “todos los expedientes marinos aparece esa compañía, Laugama, relacionada con el señor Alexis Medina”.
Se recuerda que, en noviembre de 2012, la referida compañía había sido denunciada porque “el Ministerio de Educación le había adjudicado contratos en cuestionables licitaciones”.
El director de Comunicaciones del INABIE aseguró que las camisas y pantalones correspondían a otra empresa diferente a la antes mencionada.
“Resulta que la licitación había sido adjudicada a 9 empresas e incluía 144 mil camisas, 111, 436 pares de medias, 144,750 mochilas, 27,500 pantalones y 150 mil zapatos. Las dos empresas de esa licitación que fueron objetadas hace 12 años fueron Comercial Rego SRL y Distribuidora Laugama SRL.
“La ex ministra de Educación, Josefina Pimentel, dijo que esa mercancía se recibió de manera provisional porque estaba dañada. Oye, que Perla. la recibió de manera provisional porque estaba dañada. Lo que confirma que ella fue que pidió la mercancía, la pidió, aunque cuando entró la mercancía yo creo que ya ella no era la ministra, porque la pidieron en el 2012 y se recibió en el 2013. Y el que estaba para entonces creo que era Amarante Baret”, expresó Víctor Castro.
El director de la entidad insistió en que se recibió mercancía dañada.
“No fue un activo en desuso que se dañó en almacenes ni INABIE, ni del MINERD. Eso, eso hay que descartar. Es que esa mercancía entró dañada porque tenemos la evidencia de que entró dañada”, manifestó.
Sin embargo, se limitó a hablar sobre un reporte del 29 de mayo de 2013, donde el Minerd establece que los zapatos fueron cuestionados por no cumplir con las especificaciones, como que el material no era de piel, entre otros elementos.
Material de los zapatos
La exministra de Educación aseguró que “tenía que ser de action Leather de 3.0 a 3.5. Sin embargo, cuando se evalúa la muestra, se encuentra que el cuerpo del zapato es de poliuretano. En cuanto al forro, debía ser de vinil y lo que se detecta en la evaluación es que el forro del zapato es de poliuretano, por tanto, no cumple”.
Otro criterio establecido con el que no cumplieron es que las entre suelas tenían que ser de iron texson y solo contaban con uno. Con relación a la plantilla, debía tener un forro cambrelle de 2 milímetros, un tejido diseñado para el calzado de seguridad por su alta resistencia a la abrasión, pero la ofrecida era de poliuretano, por lo que no cumplía. Es decir que de los 6 criterios establecidos solo reunían 2.
Sobre los pantalones
Con relación a los pantalones vendidos por la empresa Comercial Rego SRL, estos fueron objetados por no contar con el logo institucional serigrafiado y tener el zipper de otra marca, como lo confirma la ex ministra de Educación.
“Con Los pantalones se evaluaron cinco criterios cumplían en tres de ellos y en dos no cumplían En qué no cumplían? En que el logo no era el indicado o no lo tenían. Entonces, otro elemento que se valoró es también el zipper. Se pedía la marca KGK. Ellos usaron otra marca”, dijo Josefina Pimentel.
Hasta el momento se sabe “que lo que está almacenado hace 12 años no solo fue vendido por Laugama, sino también por Comercial Rego, que Laugama no entregó mercancía dañada, sino que no cumplía con las especificaciones y que los pantalones eran subsanables cambiándoles los zippers por los que correspondía y el logo, según este reporte de Educación del 24 de junio de 2013”.
Al preguntarle sobre el pago de los 100 millones por útiles escolares, el director aseguró “nosotros hablamos de cantidad asociada a mercancía que vamos a destruir. Entre los zapatos y los pantalones estamos hablando de más de 46 millones de pesos, 40 millones 121 mil 310 pesos correspondientes a los zapatos y más de 6 millones de pesos en pantalones. No 100 millones como se había indicado inicialmente”.
Se recuerda que el director del INABIE habría dicho que las mercancías estaban dañadas y que por orden de un superior se debió recibir, sin embargo, al cuestionarlo sobre la existencia de algún informe que detalle la afirmación, dijo que existía uno, pero al recibir los documentos solo se ven en la margen izquierda a puño y letra “recibido de manera provisional hasta que se determine la calidad de los productos aquí mencionados”.
Ante esta situación, el exencargado del almacén del Ministerio de Educación explicó que esa era la norma, recibir los artículos de forma provisional, hasta que se evaluara su idoneidad.
¿Qué tan confiada se sentía la empresa Laugama en invertir y entregar al Estado una mercancía que no cumplía con calidad y características requeridas?
Una de las interrogantes que surgía sobre este tema era si la exministra Josefina Pimentel realizó pagos a favor de estas empresas que habían sido objetadas.
“Aquí se establece ahí, se le adjudica. Y aquí se establece que se le entregaran 8 millones. Si eso, eso es parte del contrato y que quedan pendientes 32 millones 097 mil pesos”, dijo Josefina.
La exministra establece que al ser sustituida por Carlos Amarante Baret en julio de 2013, desconocía el desenlace de la mercancía hasta ahora que se encontró en los medios con la noticia de que serían destruidos. De las 9 empresas adjudicadas, según este documento suministrado por ella, solo dos compañías tuvieron la fortuna de recibir el 20 por ciento de avance. Laugama y SAICORP, adjudicada con camisas y mochilas.
“La responsabilidad nuestra fue hacer el llamado adjudicar, en este caso el comité de licitación, recibir las muestras, evaluarlas y rechazarlas”, dijo el director del INABIE.
Sin embargo, el Ministerio de Educación cuyo ministro era en ese momento Carlos Amarante Baret aceptó la mercancía. Así lo confirma la relación de pagos a suplidores de marzo de 2014, donde se muestran 30 millones 748 mil 142 pesos, por concepto del 80 por ciento que se le debía por los zapatos.
Cabe resaltar que el presidente del grupo Laugama no accedió a la entrevista, se limitó a enviar a un joven ejecutivo que dice tener unos dos años y medio en el puesto de gerente de operaciones, quien insiste en que el producto entregado si correspondía a lo licitado y había sido auditado por la empresa internacional SGS.
“Siempre solemos hacer lo mismo. Contratamos esa firma de inspecciones y le decimos. Mira, esto es lo que yo voy a fabricar, las mismas especificaciones del pliego. Y yo quiero que ustedes me auditen el proceso de producción y la inspección final de la mercancía”, expresó Edwin Agramonte, gerente de operaciones Grupo Laugama.
Al revisar el informe entregado, se confirmó que correspondía a una fecha donde la licitación ni siquiera se había publicado, a lo que el gerente respondió: “porque ese mismo tipo de calzado que se viene utilizando se venía utilizando en ese entonces por el Minerd y nosotros mandamos a solicitar una verificación de ese material”.
Después nos enseñó otro documento de diciembre de 2012, donde se habla del producto, y sus especificaciones sin que coordine exactamente con lo pedido en la licitación la parte pero se confirma que era de poliuretano y no de piel.
Se confirmó que el action leather corresponde a una piel vacuna con una capa de poliuretano, lo que significa que el zapato enviado era totalmente hecho de material sintético. También confirma el pago del 80 por ciento restante que habíamos mencionado.
Al preguntarle sobre quién aceptó como válido el material, Edwuin aseguró “No recuerdo el ministro, porque en ese tiempo cambiaron a la ministra que estaba, pusieron a otra persona y el pago se efectuó meses después. La última entrega fue en junio y los pagos fueron casi a final de año. El pago se efectuó el ministro que estuviera en ese entonces”.
El almacén donde se encuentran los materiales que supuestamente estaban dañados ocupan una parte mínima de espacio, donde parece extraño que en esta reducida área haya 150 mil cajas de zapatos y 27 mil pantalones, lo que nos da a entender que una parte fue donada o desapareció en el transcurrir de los años. Al dar La explicación de por qué se quedaron tanto tiempo almacenados, esta es la respuesta del director.
“Yo dije no, pero esto hay que sacarlo de aquí porque trae muchos hongos, trae muchos, muchas contaminaciones. Y cuando hice el primer ejercicio para sacarlo me encontré con la muralla de la Procuraduría diciendo que eso era el cuerpo del delito y que nosotros no podíamos eliminarlo”, aseguró Castro.
La cosa se complica un poco más cuando nos damos cuenta que dentro de los 74,431 pantalones para destruir hay empresas que no corresponden a la licitación que hemos mencionado. Es decir, que no sabemos ni cuando fueron adjudicados ni en qué proceso. Nos llama la atención que una de esas compañías es Ston Blue SRL,la misma que en 2018 fue señalada como suplidora en el escándalo de corrupción de las mochilas del Ministerio de Educación a las que le fueron colocadas el logo de la fundación de la diputada Lucía Medina. Ahora el Estado gastará un millón 416 mil pesos en servicios de destrucción de materiales dañados por obsolescencia, los cuales inicialmente consistirán en la quema, pero luego se determinó que debían ser triturados.
Fuente: Nuria piera
