Bogotá.- Una ola de atentados con explosivos, ráfagas de fusil y coches bomba dejó al menos siete muertos este martes en el suroeste de Colombia. Los crímenes ocurrieron casi en simultáneo y apenas tres días después de que un senador y aspirante presidencial fuera tiroteado en un acto de campaña en Bogotá.
Estas son las claves de la crisis de seguridad que revive el fantasma de la violencia de décadas pasadas y agita el panorama político colombiano:
Asedio al suroeste Colombia despertó hoy con una decena de atentados en diferentes municipios de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, dos viejos epicentros del conflicto armado.
En el Valle del Cauca hubo al menos tres explosiones en Cali, la capital, y otras más en un caserío del municipio de Jamundí. En el vecino Cauca, fueron tres las detonaciones en los municipios de El Bordo y Corinto, y en Caloto un francotirador asesinó a un policía.
Hasta el momento hay al menos siete personas fallecidas y decenas de heridos en esta región codiciada por los grupos armados ilegales como corredor estratégico para mover droga y otros negocios ilícitos hacia la costa Pacífica.
Allí tienen presencia las disidencias de las extintas FARC, bandas herederas del paramilitarismo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el mayor grupo guerrillero de izquierda activo en el país.
Según el ministro de Defensa, los atentados de hoy son una respuesta a los recientes avances militares en la zona, donde el Ejército estaría penetrando un «centro neurálgico» de las estructuras lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, uno de los principales jefes del Estado Mayor Central (EMC), la facción más poderosa de las disidencias de las FARC.
El criminal más buscado de Colombia
Tiene 50 años y su nombre real es Néstor Gregorio Vera Fernández, pero se le conoce como ‘Iván Mordisco’ y es el hombre más buscado del país. Por él, el Gobierno de Gustavo Petro ofrece una recompensa de cerca de un millón de dólares.
Aunque en varias ocasiones han circulado rumores sobre su muerte, Mordisco sigue liderando actos de terrorismo, narcotráfico, asesinatos y reclutamiento forzado de menores de edad.
Lleva más de 20 años en armas, pero su historia cobró notoriedad en mayo de 2016, cuando, en plena recta final del proceso de paz entre las FARC y el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), anunció que un grupo de guerrilleros bajo su mando no se acogería a los acuerdos.
Atentado contra senador y aspirante presidencial
La serie de atentados de este martes ocurrió tres días después del hecho de violencia política más grave de los últimos años en Colombia: el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, aspirante presidencial y nieto de un expresidente.
El político fue tiroteado por la espalda mientras participaba en un acto de campaña en Bogotá el sábado, a un año de las elecciones presidenciales.
Estos hechos, a manos de un menor de edad, evocaron los traumáticos años 90, cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados a manos de grupos ilegales que buscaban sembrar el miedo e influir en la política nacional.
Uribe Turbay, de 39 años, permanece en estado crítico en una clínica mientras las autoridades intentan esclarecer el ataque, tras el cual surgieron denuncias sobre posibles planes para atentar contra otros líderes políticos, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe (2002–2010).
Peor pico de violencia desde los acuerdos de paz
El atentado contra Uribe Turbay causó un amplio rechazo, tanto de fuerzas políticas e instituciones nacionales como de gobiernos y organismos internacionales que lo señalaron como un grave golpe a la democracia y una muestra del preocupante aumento de la violencia en el país.
Aunque Petro llegó al poder en agosto de 2022 con la promesa de lograr una «paz total» mediante acuerdos con los grupos armados, el primer presidente de izquierdas en la Colombia contemporánea no lo ha logrado.
Por el contrario, estas organizaciones han fortalecido su presencia en varias regiones, especialmente en zonas rurales y municipios pequeños, donde la violencia se ha recrudecido.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha calificado el momento actual como la peor crisis humanitaria desde la firma del acuerdo de paz en 2016 y Human Rights Watch ha registrado un aumento de más del 20 % en los homicidios y casi un 35 % en los secuestros desde entonces.
Solo entre enero y abril de este año, más de 950.000 personas se vieron afectadas por la violencia y el conflicto, una cifra cuatro veces mayor que la registrada en el mismo periodo de 2024, según datos de Naciones Unidas.
Crece la crispación política
Esta crisis de seguridad se produce en medio de una escalada de la tensión política en el país, ya que Petro intenta imponer cambios en la normativa laboral a los que se oponen los sectores más conservadores.
Esa fractura política se hizo evidente en la víspera, cuando nueve partidos se negaron a asistir a una reunión convocada por el mandatario para discutir medidas de seguridad de cara a las elecciones del próximo año.
En ese contexto, Petro tiene previsto visitar este miércoles Cali para participar en una movilización convocada por sindicatos en apoyo a la consulta popular que el mandatario quiere convocar por decreto para aprobar su reforma laboral ante los reveses sufridos en el Senado, algo que la oposición tacha de «ilegal».
Agencia EFE
