La Comisión para la Libertad de Expresión (CCLEX), encargada de la elaboración del proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, hizo públicas una serie de precisiones con el objetivo de edificar a la ciudadanía y enriquecer el debate en torno a esta propuesta legislativa, que busca actualizar la Ley 6132, vigente desde 1962.
El coordinador de la comisión redactora, Namphy Rodríguez, explicó que el proyecto se enfoca en garantizar la libertad de expresión y proteger los derechos de los usuarios en entornos digitales, destacando que no contempla penas de prisión por delitos de difamación e injuria, lo que representa un paso importante en la despenalización de estos delitos.
Uno de los puntos más debatidos ha sido la supuesta capacidad del órgano regulador para eliminar contenidos en redes sociales o imponer colaboración obligatoria a medios. Sin embargo, Rodríguez aclaró que el proyecto no otorga poder al Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) para suprimir contenidos ni sancionar publicaciones en redes sociales o medios de comunicación, salvo en casos específicos como la protección de la niñez y la dignidad humana.
La propuesta también establece que las plataformas digitales como Facebook, X e Instagram no serán responsables por el contenido que emitan los usuarios, salvo que desacaten una sentencia judicial, en cuyo caso podrían enfrentar responsabilidad civil. Esta disposición, contenida en el artículo 24 del proyecto, busca evitar la censura previa, promoviendo al mismo tiempo mecanismos de transparencia.
Otro aspecto destacado es que el órgano regulador propuesto tendrá independencia del Poder Ejecutivo y será designado por el Congreso Nacional, garantizando así un nivel de autonomía institucional en la supervisión del cumplimiento de esta ley.
Rodríguez también enfatizó que el proyecto es fruto de más de dos años de debates y consultas con sectores nacionales e internacionales, incluyendo la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), académicos y juristas. Además, la pieza se alinea con las recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH y con las directrices de la UNESCO sobre gobernanza de plataformas digitales.
La comisión agradeció a la ciudadanía por el interés generado en torno a esta legislación y reiteró su llamado a seguir participando en el debate para fortalecer un proyecto que, aseguran, busca equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad en los entornos comunicacionales del siglo XXI.
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