Mahmoud Khalil, activista palestino y exestudiante de la Universidad de Columbia que fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), demandó este martes al Gobierno de Donald Trump por conspirar con grupos de extrema derecha para intimidar y detener a activistas propalestinos en Estados Unidos.
El activista acusó a altos funcionarios del gobierno federal y a grupos como The Heritage Foundation —un ‘think tank’ ultraconservador alineado con el Partido Republicano— de conspirar para señalarle a él y a otros palestinos no ciudadanos «para su arresto, detención y deportación, como castigo por su apoyo a los derechos del pueblo palestino».
La demanda detalla colaboraciones entre estas organizaciones de extrema derecha y Stephen Miller, asesor de Trump; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y su predecesora, Kristi Noem, entre otros.
El patrón consistía en selección, difamación pública, revocación de visas, arresto y traslado a centros de detención del ICE, seguido de procesos migratorios descritos como simulados para asegurar deportaciones», afirmó Khalil en la demanda.
Según explicó, al menos otras ocho personas, además de él, han sido señaladas en esta operación, en la que Canary Mission y Betar han confirmado «públicamente su participación».
Khalil, liberado el pasado 20 de junio tras pasar más de 100 días en un centro de detención migratoria en Luisiana, presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York bajo la Ley del Ku Klux Klan de 1871, promulgada para combatir el terrorismo interno.
Además, sostuvo que su caso constituye una especie de «ley de proscripción», un castigo creado por el Gobierno sin garantías judiciales, algo prohibido por la Constitución.
Apoyándose en sentencias de tribunales inferiores que reconocen esta relación, Khalil solicita una indemnización por daños, cuya cuantía se determinará en el juicio, así como una sentencia que releje la conducta de los demandados.
Hace unos días, Khalil presentó una demanda por 20 millones de dólares (unos 17 millones de euros) por daños contra la Administración Trump, a la que acusa de detención ilegal y persecución motivadas por su papel en las protestas universitarias contra la guerra en Gaza.
Agencia EFE
