Washington (AP).- Durante generaciones, el gobierno estadounidense aplicó las leyes de derechos civiles con la mira puesta en remediar la discriminación histórica y sistémica contra las personas negras y otras personas de color.
El Departamento de Justicia presionó a las escuelas para que pusieran fin a la segregación. El Departamento de Educación trabajó para promover la igualdad de oportunidades y exigió responsabilidades a las escuelas por sesgos raciales.
Pero con el gobierno del presidente Donald Trump, los esfuerzos por abordar desigualdades profundamente arraigadas que afectan a estudiantes de color están siendo presentados como discriminatorios contra estudiantes blancos. Programas que durante mucho tiempo resistieron el escrutinio legal ahora son rápidamente calificados por la Casa Blanca como “DEI ilegal” (diversidad, equidad e inclusión ilegal). Las escuelas que no cumplen han enfrentado amenazas a su financiamiento y, en algunos casos, han perdido subvenciones federales.
Abogados de derechos civiles describen las acciones del gobierno republicano como una inversión total de la historia jurídica.
“Esto está literalmente volteando de cabeza el propósito de la ley de derechos civiles, no solo perjudicando a los estudiantes negros y a los estudiantes de color, sino a comunidades escolares enteras”, señaló Michael Pillera, director del Proyecto de Oportunidades Educativas del Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley. Añadió que “está desvinculado de la historia real de nuestro país y desconectado de la realidad de la vida en este país”.
El gobierno ha abierto investigaciones o se ha sumado a litigios sobre una amplia gama de iniciativas para abordar la desigualdad racial. El Departamento de Justicia del presidente Trump está investigando programas para aumentar el número de docentes de color en Rhode Island e Iowa. Se han cancelado subvenciones a distritos para capacitar a maestros o reclutar personal de salud mental escolar por mencionar la diversidad en el reclutamiento.
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