El congresista estadounidense de origen dominicano, Adriano Espaillat, expresó su preocupación por el arresto y deportación de inmigrantes sin antecedentes penales, así como por las consecuencias de estas acciones en la separación de familias en Estados Unidos, muchas de ellas compuestas por ciudadanos estadounidenses.
Sus declaraciones se produjeron tras una visita de supervisión al Centro de Detención de Elizabeth, en Nueva Jersey.
«Esta visita fue parte de nuestro compromiso continuo con la rendición de cuentas, la justicia y la dignidad de las personas inmigrantes que se encuentran bajo custodia federal», afirmó Espaillat en un comunicado sobre el recorrido de dos horas por las instalaciones, operadas por la empresa privada CoreCivic bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En la nota, Espaillat detalló que, junto a la también congresista Nydia Velázquez, inspeccionó áreas clave como la cocina, el comedor, la enfermería, las celdas de aislamiento y las zonas de detención separadas por género.
Aunque reconoció que «la instalación se veía limpia y en condiciones aceptables», subrayó que lo más impactante fueron los testimonios de más de veinte personas detenidas, entre ellas varias madres separadas de sus hijos.
«La gran mayoría no eran personas con antecedentes violentos», señaló Espaillat. «Eran padres, madres, trabajadores, vecinos. Muchos de ellos asistieron voluntariamente a sus citas con ICE o con los tribunales y, aún así, fueron detenidos repentinamente. Ahora están enfrentando la posibilidad de ser deportados, lejos de sus familias», las que dijo están compuestas por ciudadanos estadounidenses.
Denuncian injusticia
Ambos legisladores subrayaron la naturaleza injusta del sistema, que afecta incluso a residentes legales y ciudadanos. «Este sistema está fracturando familias, debilitando comunidades y creando una dependencia innecesaria del aparato gubernamental», advirtió Espaillat, que ha criticado la ejecución de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.
La visita se realizó en un contexto político particularmente tenso, tras el reciente intento de arresto del alcalde de Newark y los cargos contra la congresista McIver, eventos que han reavivado el debate sobre el poder de las agencias federales y la necesidad de supervisión congresual.
«Nuestro compromiso es claro», concluyó Espaillat. «continuaremos elevando las voces de los más vulnerables y luchando por un sistema migratorio justo, que respete los derechos humanos y la dignidad de cada persona».
El centro de detención de Nueva Jersey
El anuncio del Gobierno de Donald Trump sobre la reapertura de un centro de detención de inmigrantes cerca del aeropuerto internacional de Newark ha intensificado las tensiones políticas y sociales en torno a la política migratoria en Estados Unidos.
El centro, con capacidad para mil personas y que comenzó a operar el pasado 1 de mayo, fue el primero en abrir bajo la actual administración republicana y busca, según ICE, «agilizar la logística» de detención y deportación de inmigrantes en el noreste del país, en medio de un contexto de frustración oficial por el ritmo de los arrestos migratorios.
La reapertura ha coincidido con una serie de incidentes graves ocurridos durante una visita congresual a estas instalaciones el pasado 9 de mayo. La congresista demócrata LaMonica McIver fue acusada formalmente por el Departamento de Justicia de «agredir, obstaculizar e interferir con la aplicación de la ley», tras enfrentarse con agentes federales durante el recorrido.
McIver había acudido al centro acompañada de otros legisladores, como parte de una inspección ante las crecientes denuncias por violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes detenidos.
Ese mismo día, el alcalde de Newark, Ras Baraka, fue arrestado brevemente luego de que intentara sumarse a la delegación congresual sin haber sido autorizado para ingresar al centro. Aunque los cargos de allanamiento en su contra fueron retirados posteriormente, Baraka denunció públicamente que su detención tuvo un «objetivo político», señalando que fue esposado incluso después de acatar la orden de retirarse.
Las tensiones aumentaron cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó en el Capitolio que los congresistas involucrados «no merecen estar en la Cámara».
La fiscal federal Alina Habba, conocida por haber representado anteriormente al expresidente Trump, defendió la presentación de cargos contra McIver argumentando que «nadie está por encima de la ley». Sin embargo, los incidentes han provocado fuertes críticas de organizaciones de derechos civiles y han reavivado el debate sobre el uso de instalaciones privadas como centros de detención, especialmente cuando estas se convierten en escenario de conflictos entre autoridades locales, federales y representantes electos.
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