Las personas estadounidenses casadas con indocumentados enfrentan una estratagema con el actual gobierno del presidente Donald Trump: tienen mayores dificultades para obtener una Green Card y enfrentan el temor por una detención por parte de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La mayoría de estas parejas llevan casadas entre cinco y 15 años, según un reciente reporte de American Families United (AFU) y Relevant Research.
“Mi esposo indocumentado y yo llevamos a mi tío a quimioterapia una vez al mes. Cuando viajo, mi esposo lo hace solo”, expuso una de las personas consultadas para el reporte. Tienen ocho años de casados.
A estas familias se les conoce también como de estatus mixto, es decir, donde uno de sus integrantes es indocumentado.
“Él crio a mi hija de una relación anterior como si fuera suya. La ayudó a terminar la universidad
y ahora somos su apoyo, ya que es adulta y tenemos un nieto”, contó otra estadounidense, quien lleva 14 años casada.
Niguna de estas parejas tiene certeza migratoria, a pesar de su intensa conexión con EE.UU. La mayoría (80.2%) vive en el país; mientras en el 11.4% de los casos, alguno de los integrantes vive fuera del país, y el 8.4% de estas parejas vive fuera de EE.UU., debido a las complicaciones migratorias.
El miedo a la deportación es una constante en la vida de estas familias.
“Para otras, significa algo igual de devastador: verse obligadas a vivir separadas en el extranjero porque a su cónyuge se le negó la visa o se le prohibió por completo la entrada a Estados Unidos”, dice el reporte. “Muchos ciudadanos estadounidenses nunca han podido vivir en este país con su cónyuge”.
Se estima que 1.5 millones de parejas están separadas o con temor a la deportación.
“A pesar de su número, las parejas de estatus migratorio mixto siguen siendo uno de los grupos más invisibles y menos comprendidos en el debate migratorio”, declaró Ashley DeAzevedo, directora ejecutiva de AFU Action. “Como resultado, los ciudadanos estadounidenses y sus hijos se sienten aislados e ignorados, mientras que los legisladores carecen de la información necesaria para comprender las verdaderas consecuencias humanas de nuestras leyes”.
¿Hay posibilidad con Ley Dignidad?
En la presentación del reporte “Collateral Damage. How Immigration Policy Harms U.S. Citizens in Mixed-Status Marriages” estuvo la congresista republicana María Elvira Salazar (Florida), impulsora de la Ley Dignidad que buscaría ofrecer una opción legal a millones de indocumentados.
“Nuestras leyes deben reconocer que los ciudadanos estadounidenses y sus familias deben estar juntos. La Ley de Dignidad solucionaría este problema, incorporando la Ley de Familias Estadounidenses Unidas, para proteger a los ciudadanos estadounidenses y sus familias de la separación”, afirmó Salazar.
Sin embargo, su proyecto de ley sigue estancado en el Congreso y sin un impulso concreto por parte del presidente Donald Trump, aunque Salazar ha aumentado sus críticas al actual gobierno por las operaciones de ICE.
Amanda Ribeiro, ciudadana estadounidense y enfermera de salud pública, cuyo esposo fue detenido por ICE y deportado a Brasil en 2025, es claro ejemplo de cómo la falta de regulación para proteger a estas familias las coloca en riesgo.
“Cuando deportaron a mi esposo, lo perdí todo: nuestro negocio, nuestros ingresos, nuestra casa y, lo más importante, nuestra familia unida”, dijo Ribeiro. “No entiendo por qué mi país, Estados Unidos, querría separar a mi familia. ¿Quién gana con mi familia rota viviendo en otro continente?”.
El 31.6% de estas familias tienen al menos dos niños, el 22.4% tienen uno y el 25% no tienen hijos, pero el 13.1% tienen tres.
Rebecca Shi, directora ejecutiva de la Coalición de Acción Empresarial Americana para la Inmigración (ABIC Action), una de las principales promotoras de acciones para proteger a familias migrantes, reconoció que la acción del Congreso es fundamental.
“Hoy, el Congreso se encuentra en una encrucijada crucial, con la oportunidad de romper el prolongado ciclo de inacción en materia de inmigración”, expuso. “A diario, escucho a líderes empresariales —empleadores de todos los sectores y regiones, incluyendo la agricultura, la construcción, la hostelería y la salud— unidos en su llamado a permisos de trabajo para trabajadores inmigrantes indocumentados de larga duración, respetuosos de la ley y contribuyentes”.
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