Washington (AP).- El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump violó las leyes federales de privacidad al entregar datos de Medicaid sobre millones de inscritos a funcionarios de deportación el mes pasado, alegó el martes el fiscal general de California, Rob Bonta, y añadió que él y los fiscales generales de otros 19 estados han presentado una demanda por esta acción.
Los asesores del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ordenaron la liberación de un conjunto de datos que incluye la información de salud privada de personas que viven en California, Illinois, el estado de Washington y Washington D.C., al Departamento de Seguridad Nacional el mes pasado, informó por primera vez The Associated Press el mes pasado. Todos esos estados permiten que las personas que no cuenten con la nacionalidad estadounidense se inscriban en programas de Medicaid que cubren sus gastos utilizando únicamente dólares de los contribuyentes estatales.
El inusual intercambio de datos de información de salud privada, incluidos direcciones, nombres, números de seguro social, estatus migratorio y datos de reclamaciones de los inscritos en esos estados, fue entregado a funcionarios de deportación mientras aceleraban los esfuerzos de aplicación de la ley de migración en todo el país. Los expertos dijeron que los datos podrían ser utilizados para ayudar al Departamento de Seguridad Nacional a localizar a migrantes en su campaña de deportación masiva.
Bonta afirmó que la liberación de datos por parte del gobierno estadounidense viola las leyes federales de protección de la privacidad de la salud, incluyendo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA, por sus siglas en inglés).
“Esto se trata de ignorar siete décadas de política y práctica de la ley federal que han dejado claro que los datos personales de salud son confidenciales y solo pueden compartirse en ciertas circunstancias limitadas que benefician la salud pública o el programa de Medicaid”, dijo Bonta durante una conferencia de prensa el martes.
El gobierno federal ha tratado de proporcionar más datos de inmigrantes a los funcionarios de deportación. En mayo, por ejemplo, un juez federal se negó a bloquear que el Servicio Interno de Impuestos compartiera datos fiscales de inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ayudar a los agentes a localizar y detener a personas que viven sin estatus legal en Estados Unidos.
La medida para reforzar los datos del gobierno federal sobre los inscritos en Medicaid inmigrantes parece haberse puesto en marcha en mayo, cuando los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anunciaron que revisarían los registros de algunos estados para asegurar que no se hayan utilizado fondos federales para pagar la cobertura de personas con “estatus migratorio insatisfactorio”.
Como parte de la revisión, los centros de servicios pidieron a California, Washington e Illinois que compartieran detalles sobre las personas que no cuentan con la nacionalidad estadounidense que se han inscrito en el programa de Medicaid de su estado, según un memorando del 6 de junio firmado por la subdirectora de Medicaid, Sara Vitolo, que fue obtenido por la AP. El memorando fue escrito por varios funcionarios de los centros de servicios bajo la supervisión de Vitolo, según fuentes familiarizadas con el proceso.
Los funcionarios de los centros de servicios intentaron luchar contra la solicitud de intercambio de datos de Seguridad Nacional, diciendo que hacerlo violaría leyes federales, incluyendo la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad de 1974, según el memorando.
Los argumentos legales expuestos en el memorando no fueron persuasivos para los designados por Trump en el Departamento de Salud y Servicio Humanos (HHS por sus siglas en inglés), que supervisa la agencia de Medicaid.
Cuatro días después de que se enviara el memorando, el 10 de junio, los funcionarios del HHS ordenaron la transferencia de “los datos al DHS antes de las 5:30 ET de hoy”, según intercambios de correos electrónicos obtenidos por AP.
El HHS está “tomando medidas enérgicas contra los estados que pueden estar haciendo un uso indebido de fondos federales de Medicaid”, dijo el portavoz de la agencia, Andrew Nixon, en un comunicado. La agencia no ha proporcionado detalles sobre el papel del Departamento de Seguridad Nacional en el esfuerzo. Nixon también defendió la legalidad de liberar los datos a dicha dependencia.
“El HHS actuó completamente dentro de su autoridad legal, y en total cumplimiento con todas las leyes aplicables, para asegurar que los beneficios de Medicaid estén reservados para individuos que tienen derecho legal a recibirlos”, señaló en el comunicado.
Decenas de miembros demócratas del Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, han enviado cartas a las agencias involucradas, exigiendo que cese el intercambio de datos y que el Departamento de Seguridad Nacional destruya la información que ha recibido hasta ahora.
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