MIAMI.- El asesinato de una congresista demócrata y su esposo en Minnesota, así como el atentado contra la vida de un senador demócrata y su cónyuge en Minnesota, reaviva el clamor de legisladores de Florida para mantener fuera del alcance público información sobre sus domicilios y teléfonos.
En abril, meses antes de que ambos hechos sucedieran, el Congreso estatal de Florida aprobó el proyecto de ley SB 268 que impediría la divulgación de domicilios particulares y números de teléfono de legisladores y funcionarios públicos electos, incluyendo gobernación, alcaldías municipales y condales, así juntas escolares y otros cargos públicos.
No obstante, el proyecto no ha sido aprobado por el gobernador Ron DeSantis, quien no se ha manifestado públicamente al respecto para indicar si firmará, vetará o permitirá que el proyecto de ley, que recibió una abrumadora mayoría de aprobación en ambas cámaras del Congreso del estado, se convierta en ley el 1 de julio sin su firma.
De hecho, la Florida First Amendment Foundation, una organización sin fines de lucro que vela por la libertad de expresión, la libertad de prensa y el gobierno abierto, duda que la medida evite la persecución, pero asegura que perjudicará la rendición de cuentas de funcionarios electos.
“Lo que hará esta ley es que ahora será imposible… que los ciudadanos sepan, puedan verificar, si la persona por la que votan o reeligen aún vive en el distrito que dicen representar”, declaró el director ejecutivo de la organización, Bobby Block, al periódico Orlando Sentinel.
No obstante, hay legisladores de Florida que afirman haber sido amenazados y acosados, y que individuos desconocidos se han presentado en sus casas.
“Todos aquí somos servidores públicos”, declaró el 29 de abril la promotora del proyecto de ley en la Cámara de Representantes, Susan Valdés, republicana por Tampa, poco antes de que la Cámara votara para dar la aprobación final a la medida. “Merecemos protección. Nuestras familias merecen protección”, subrayó.
Por otra parte, la representante Michele Rayner, demócrata por St. Petersburg, afirmó que la seguridad es “prioritaria”.
“Muchos de nosotros lidiamos con esto, en cierto modo, en silencio”, añadió.
La ley de Florida ya contempla exenciones de registros públicos para domicilios y números de teléfono de diversas personas, como agentes del orden público, jueces, fiscales, defensores públicos y recaudadores de impuestos. Estas exenciones también se aplican generalmente a los cónyuges e hijos de dichos funcionarios.
Pero el nuevo proyecto de ley iría mucho más allá al aplicar exenciones a funcionarios electos y sus familiares.
El proyecto de ley, que entraría en vigor el 1 de julio, establece que “los funcionarios públicos y sus familias podrían recibir amenazas, incluyendo, entre otras, amenazas verbales, acoso e intimidación, en el desempeño de sus funciones oficiales”, incluso actos de agresión como los que sucedieron en Minnesota el 14 de junio.
La congresista estatal y expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo fueron asesinados en su casa, al mismo tiempo que el senador demócrata John Hoffman y a su esposa fueron heridos en el mismo lugar por un individuo entonces desconocido.
Horas después, el presunto autor del mortal asalto, Vance Luther Boelter, fue arrestado tras una extensa búsqueda.
Aunque la motivación exacta de los ataques sigue bajo investigación, informes indican que tenía fuertes opiniones conservadoras y se oponía al aborto.
Entretanto, el proyecto de ley aprobado por el Congreso de Florida afirma: “La vulnerabilidad a tales amenazas podría disuadir a los residentes de este estado de postularse a cargos electivos para protegerse a sí mismos y a sus familias”.
Y considera además que “el daño que podría resultar de la divulgación de dicha información de identificación personal y ubicación supera cualquier beneficio público que pudiera derivarse de la divulgación de dicha información”.
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