La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó este lunes la presencia de autoridades federales en Minneapolis como parte de una investigación de gran alcance por lo que describió como un “fraude desenfrenado” vinculado a programas de cuidado infantil y otros servicios sociales financiados con fondos públicos.
“Las Investigaciones de Seguridad Nacional @ICEGov están en Minneapolis en este momento llevando a cabo una investigación masiva sobre el cuidado infantil y otros fraudes desenfrenados”, escribió Noem en la red social X, donde adelantó que “habrá más” acciones relacionadas con el caso.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reforzó ese mensaje y aseguró que sus agentes están “yendo de puerta en puerta a los sitios sospechosos de fraude”.
La agencia sostuvo que “el pueblo estadounidense merece respuestas sobre cómo se utiliza el dinero de sus contribuyentes y arrestos cuando se detecten abusos”.
Las publicaciones oficiales estuvieron acompañadas de un breve video en el que aparecen dos investigadores federales, con uniformes identificados como “Police HSI”, interrogando a personas que aparentemente trabajan en negocios bajo investigación.
En las imágenes, los agentes preguntan sobre transacciones comerciales y actividades operativas.
El despliegue federal en Minnesota ocurre después de que el periodista independiente Nick Shirley difundiera el viernes un video de una guardería que, según muestra, parecía estar casi inactiva pese a recibir una financiación estatal significativa.
Ese material generó una reacción inmediata dentro de la administración Trump y entre sectores conservadores, que acusaron al gobernador de Minnesota, Tim Walz, de no actuar con la contundencia necesaria frente al fraude.
Desde la oficina del gobernador rechazaron esas acusaciones y defendieron la actuación del estado.
Programas bajo lupa
En paralelo, fiscales federales ampliaron de forma significativa una investigación que inicialmente se centraba en tres programas de asistencia social administrados por agencias estatales.
Según informó The New York Times, la pesquisa ahora abarca 14 programas financiados por Medicaid y examina prácticas de facturación sospechosas a gran escala.
De acuerdo con una evaluación preliminar citada por ese medio, más de la mitad de los $18,000 millones de dólares gastados en dichos programas podría haber sido desviada de forma fraudulenta.
Hasta ahora, el número total de personas acusadas asciende a 92, tras la imputación reciente de seis nuevos sospechosos.
La investigación también ha abierto un debate político y social en el estado. Datos divulgados previamente indican que la mayoría de los acusados en fases anteriores del caso son de ascendencia somalí, lo que ha generado preocupación entre algunos funcionarios y líderes comunitarios por un posible enfoque desproporcionado.
Walz ha criticado la retórica empleada por la administración Trump, aunque ha insistido en que cualquier persona que cometa fraude debe enfrentar la justicia.
Con información de The Hill.
