Ingrid Jorge, conocida como «La Torita», tiene un plazo de siete días para cumplir con el pago de RD$200,000 como garantía económica, según informó este martes el abogado Miguel Valerio, representante legal de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful en la demanda que interpuesto contra Jorge y el comunicador Ángel Martínez por presunta difamación.
“Ellos pidieron siete días (La defensa de La Torita) para cumplir la garantía. Ustedes saben muy bien que si nosotros no hubiéramos puesto a que la garantía había que cumplirla ahora, la hubieran dejado detenida. Y nosotros le dimos siete días para que cumpla con el pago económico”, explicó Valerio a la prensa, tras conocerse las medidas coercitivas.
Distintos tribunales impusieron presentación periódica e impedimento de salida del país, además de la garantía económica, tanto para Jorge como para Martínez. En el caso de este último, el monto fue fijado en RD$500,000.
Valerio destacó las diferencias en el comportamiento de ambos imputados durante el proceso. Aseguró que mientras el equipo legal de Jorge actuó “de manera civilizada”, Martínez mostró una actitud desafiante que incluso lo llevó a ser detenido brevemente por decisión del juez.
“El señor Martínez entiende, y su grupo, que él está por encima de la ley”, expresó Valerio. “Él cayó preso por la forma grosera en que trató al juez. El juez dijo en su sentencia que estuvo detenido por su propio comportamiento”.
Sobre la posibilidad de una conciliación, el abogado fue enfático: “En el caso del señor Martínez, quiero decir de manera expresa que él no ha mostrado arrepentimiento. Todo lo contrario. En el tribunal dice que se arrepiente y de inmediato dice un improperio”.
En cuanto a Jorge, Valerio señaló que sus abogados mostraron disposición al diálogo. “Nosotros siempre hemos dicho que queremos la solución alterna a los conflictos. Pero hemos dicho que una disculpa no es suficiente, porque la disculpa es lo que ha motivado que esto siga”.
Valerio aclaró que la defensa de Raful no busca venganza. “Faride Raful no anda detrás de una venganza privada. Ella misma ha manifestado que no conocía a esa persona. Nosotros creemos en la ley y en las salidas judiciales a los conflictos”.
Ambos imputados enfrentan cargos por presunta difamación, en un proceso que permanece en la etapa de investigación.
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