Las universidades ahora pueden comenzar a pagar directamente a sus atletas, lo que marca el inicio de una nueva era en el deporte colegial gracias a un acuerdo legal multimillonario aprobado formalmente este viernes.
La jueza Claudia Wilken aprobó el acuerdo entre la NCAA, sus conferencias más importantes y los abogados que representan a todos los atletas de la División I. El acuerdo The House v. NCAA pone fin a tres demandas federales antimonopolio, todas las cuales alegaban que la NCAA limitaba ilegalmente la capacidad de generar ingresos de los atletas universitarios.
La esperada decisión de Wilken llega a menos de un mes de que las universidades comiencen a emitir cheques a sus atletas el 1° de julio. Ambas partes presentaron sus argumentos para aprobar el acuerdo en una audiencia a principios de abril. Si bien los líderes del deporte colegial han estado elaborando planes tentativos para un cambio importante en su forma de operar, el ajustado plazo de entrega significa que las universidades y las conferencias tendrán que apresurarse para establecer la infraestructura necesaria para aplicar sus nuevas normas.
La NCAA pagará casi 2,800 millones de dólares en daños retroactivos durante los próximos 10 años a los atletas que compitieron a nivel colegial en cualquier momento desde el 2016 hasta la fecha. De ahora en adelante, cada universidad podrá pagar a sus atletas hasta un límite determinado. Se espera que el límite anual comience en aproximadamente 20.5 millones de dólares por universidad en 2025-26 y aumente cada año durante la década del acuerdo. Estos nuevos pagos se suman a las becas y otros beneficios que los atletas ya reciben.
La decisión de este viernes marca un parteaguas en el largo camino para eliminar las obsoletas normas de amateurismo en los principales deportes colegiales. Desde el 2021, los atletas universitarios pueden obtener ingresos de terceros mediante acuerdos de nombre, imagen y apariencia (NIL por sus siglas en inglés). Los promotores rápidamente organizaron grupos llamados colectivos que utilizaban el dinero NIL como salarios de facto para sus equipos, en algunos casos pagando millones de dólares, principalmente a los mejores jugadores de baloncesto y fútbol americano. Ahora, ese dinero saldrá directamente del departamento de atletismo.
En junio del 2021, la Suprema Corte falló unánimemente en contra de la NCAA en un caso que dejó claro que el deporte colegial debería tratarse menos como una actividad educativa y más como una lucrativa industria del entretenimiento. La decisión desató una avalancha de nuevas impugnaciones legales a las normas de la NCAA que han provocado una turbulencia sin precedentes.
El acuerdo aprobado esta semana no pondrá fin a la avalancha de impugnaciones legales. Siguen sin respuesta las preguntas sobre si los atletas deben considerarse empleados y las normas actuales que dictan cuánto tiempo un atleta puede practicar deporte colegial.
Sin embargo, el presidente de la NCAA, Charlie Baker, y otros creen que el acuerdo ayudará a las universidades a recuperar el control y a contener el mercado, en gran medida no regulado, de pago a atletas universitarios a través de terceros.
La NCAA y sus universidades esperan que los legisladores federales intercedan para ayudar a resolver los problemas legales que aún enfrenta la industria. Los líderes han solicitado al Congreso la redacción de una nueva ley que impida que los atletas se conviertan en empleados y que otorgue a la NCAA una exención antimonopolio para establecer límites salariales y de transferencias a los jugadores.
Los topes salariales y las restricciones de la agencia libre en los deportes profesionales son legales porque se negocian como parte de un convenio colectivo con un sindicato. Los líderes deportivos universitarios afirman que muchas universidades no podrán financiar sus equipos si los jugadores son considerados empleados y se les permite sindicalizarse.
El acuerdo otorga a las universidades la facultad de crear nuevas normas diseñadas para limitar la influencia de los promotores y colectivos. A partir de este verano, cualquier acuerdo de patrocinio entre un promotor y un atleta será examinado para garantizar que tenga un «propósito comercial válido» y no sea un incentivo de reclutamiento.
Muchas fuentes de la industria del deporte colegial dudan de la eficacia del límite al gasto de los promotores –cuyo objetivo es proteger el equilibrio competitivo– para frenar el rápido aumento del flujo de dinero a los atletas de las universidades más ricas de la NCAA. Algunos creen que la norma provocará nuevas demandas.
Las conferencias principales están creando una nueva organización encargada de supervisar los pagos tanto de las universidades como de los promotores, una función que anteriormente era una de las principales de la oficina nacional de la NCAA. Los directivos del deporte colegial esperan que la nueva organización cuente con un enfoque más ágil y eficaz para investigar posibles infracciones y sancionar a quienes incumplen las normas.
La nueva organización encargada de supervisar el cumplimiento de las normas, denominada Comisión de Deportes Colegiales, anunció este viernes por la noche la contratación del ejecutivo de la MLB, Bryan Seeley, como su CEO. El trabajo de Seeley se describe como la tarea de «desarrollar los equipos de investigación y cumplimiento de la organización y supervisar todas sus operaciones en curso y las relaciones con las partes interesadas».
Según el comunicado de prensa que anunció su contratación, «Seeley y su equipo también serán responsables de hacer cumplir las nuevas normas sobre reparto de ingresos, acuerdos de nombre, imagen y apariencia (NIL) de los atletas, y límites en las plantillas».
Fuentes informaron a Pete Thamel y Jeff Passan de ESPN que Seeley había sido buscado durante semanas, y que la formalización del acuerdo activó su contratación.
«Este es un terreno nuevo para todos», escribió Baker en una carta abierta este viernes por la noche. «Debido a las nuevas obligaciones de las conferencias demandadas sobre aspectos complejos de la elaboración y aplicación de normas, habrá un período de transición y, sin duda, obstáculos en el camino. Las oportunidades para impulsar un cambio no se presentan a menudo en organizaciones como la nuestra. Es importante que aprovechemos esta oportunidad al máximo».
Wilken se negó a aprobar el acuerdo a principios de abril porque varios atletas se opusieron a una cláusula del acuerdo que permite a la NCAA establecer un límite en la cantidad de jugadores que cada equipo puede mantener en su plantilla. Los límites habrían resultado posiblemente en que miles de atletas perdieran su lugar en los equipos. Los abogados de ambas partes acordaron a fines de abril modificar el acuerdo para que ningún atleta perdiera su oportunidad de practicar deportes colegiales como resultado directo de los nuevos límites en las plantillas.
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