Washington.– En una decisión histórica en materia de competencia en la era digital, el juez Amit P. Mehta del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Columbia dictaminó este martes que Google deberá compartir parte de sus datos de búsqueda con empresas rivales como medida para corregir su monopolio en el mercado de los motores de búsqueda.
No obstante, el fallo no incluye las medidas más drásticas solicitadas por el gobierno, como la desintegración de la empresa o la venta del navegador Chrome.
Medidas ordenadas por el tribunal
El juez Mehta ordenó que Google comparta sus resultados de búsqueda y ciertos datos clave con compañías que califiquen como «competidores legítimos».
Esta medida tiene como objetivo reducir el dominio de Google en el mercado y fomentar una competencia más justa. Aunque el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) había solicitado que la empresa compartiera aún más información, el tribunal optó por una aproximación más conservadora.
Asimismo, se impusieron restricciones a los pagos que Google realiza a fabricantes de teléfonos y navegadores para garantizar la posición preferente de su motor de búsqueda, como en Safari (Apple) o Firefox (Mozilla).
Sin embargo, no se prohibieron estos pagos por completo, ni se aceptó la petición del gobierno de obligar a Google a vender su navegador Chrome.
«A pesar del poder [de Google], los tribunales deben abordar la tarea de establecer remedios con una saludable dosis de humildad», expresó el juez Mehta en su decisión.
Una batalla legal con décadas de implicaciones
El caso, considerado como el más importante de competencia tecnológica en el siglo XXI, marca un precedente clave para futuras demandas contra gigantes tecnológicos. El fallo llega en un momento en que la inteligencia artificial generativa amenaza con redefinir el concepto mismo de motor de búsqueda.
Google planea apelar la decisión, lo que podría alargar el proceso legal durante años. La empresa argumenta que sus prácticas son legales y que los usuarios eligen libremente su motor de búsqueda por su calidad, no por acuerdos contractuales.
La ofensiva del gobierno contra los gigantes tecnológicos
La decisión supone un revés parcial para los esfuerzos del gobierno federal —bajo las administraciones de Biden y Trump— de frenar el poder de las grandes tecnológicas. El DOJ y la Comisión Federal de Comercio (FTC) han acusado a Google, Apple, Amazon y Meta de diversas prácticas anticompetitivas.
La propia Google enfrenta varias demandas pendientes. En abril, un juez federal en Virginia concluyó que la empresa mantenía un monopolio sobre ciertas tecnologías publicitarias. Otro caso, en Texas, también gira en torno a su control sobre el mercado de la publicidad digital, particularmente en perjuicio de los medios de comunicación.
¿Por qué importa este fallo?
La decisión de Mehta es el primer fallo de este tipo en una demanda antimonopolio moderna contra una gran plataforma tecnológica. Según el exsubsecretario de Justicia Bill Baer:
«Es la opinión más fundamentada hasta ahora sobre cómo un tribunal puede remediar el comportamiento indebido de un monopolista tecnológico.»
Aunque no se dictaron las sanciones más severas, el fallo establece una hoja de ruta para futuros tribunales y marca un hito al obligar a un titán como Google a abrir parte de su ecosistema.
Datos clave del caso
Google realiza aproximadamente el 90 % de todas las búsquedas en la web, según datos del gobierno.
La empresa invirtió 26.3 mil millones de dólares en 2021 para asegurar su posición predeterminada en navegadores como Safari y Firefox.
El gobierno argumenta que este ciclo de posicionamiento privilegiado refuerza su monopolio al alimentar la mejora continua de su motor mediante más datos de uso.
Próximos pasos
Además de la apelación por parte de Google, se espera que los tribunales definan nuevas acciones en otros casos pendientes.
En septiembre, se celebrará una audiencia en Virginia para establecer remedios en el caso publicitario. Mientras tanto, el fallo de Mehta marcará el estándar para todas las futuras acciones antimonopolio contra las grandes tecnológicas.
Agencias
