La jueza federal April M. Perry bloqueó este jueves temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois, ordenado por la Administración Trump para blindar las redadas migratorias en dicho estado, después de que un contingente de 200 soldados de Texas fuera enviado hace dos días al área de Chicago.
La magistrada anunció que emitirá una orden de restricción temporal que restringe la movilización de las tropas en Illinois, al considerar que no existen “pruebas creíbles” de riesgo de “rebelión”, argumento con el que los representantes del Departamento de Justicia (DOJ) trataron de justificar el despliegue
Pese al veredicto, no quedó claro de inmediato cuándo entrará en vigor la orden de restricción temporal ni cuánto durará. Perry dijo que planea emitir otro fallo sobre el caso el viernes.
La audiencia se prolongó unas seis horas y contó con extensas intervenciones por parte de la Fiscalía y del Gobierno estadounidense, que encomendó a la Guardia Nacional el cometido de proteger a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago durante su campaña de detenciones masivas como parte de la operación Midway Blitz.
Sin embargo, la jueza calificó el recuento del gobierno federal de los recientes acontecimientos en Chicago y los suburbios circundantes de “simplemente poco confiable”, y dijo que en las últimas 48 horas cuatro decisiones separadas de diferentes partes neutrales pusieron en duda la credibilidad del Departamento de Seguridad Nacional.
“No encuentro ninguna evidencia de que realmente haya ocurrido algún impedimento”, dijo Perry, señalando que “no he encontrado evidencia creíble de que exista peligro de rebelión en el estado de Illinois”.
“No he encontrado ninguna evidencia creíble de que exista peligro de rebelión en el estado de Illinois”, dijo.
La jueza también cuestionó si la Guardia Nacional tenía entrenamiento adecuado en tácticas de desescalada.
Por lo tanto, la jueza federal de distrito dictaminó que el despliegue de tropas de la administración Trump en Chicago violó las enmiendas 10 y 14, así como la Ley Posse Comitatus de casi 150 años de antigüedad.
Previendo tal determinación, días atrás Trump amenazó que estaría dispuesto a invocar la Ley de Insurrección, que permite al presidente enviar militares en servicio activo a estados que no puedan sofocar una insurrección o que desafíen la ley federal. Aún no está claro si esto sucederá.
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