La Haya, Países Bajos. – La más alta instancia judicial de la ONU emitió este miércoles una opinión consultiva sobre las obligaciones legales de los Estados frente al cambio climático y la responsabilidad económica de los países que históricamente contaminaron más.
El caso, según los expertos, es el de mayor envergadura tramitado jamás por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que celebró sus sesiones el pasado diciembre en el Palacio de la Paz, en La Haya.
Todo arrancó en 2019 con la demanda de un grupo de estudiantes de Vanuatu, un pequeño archipiélago del Pacífico, que se vio propulsada por una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Los jueces de la Corte darán a conocer su dictamen a las tres de la tarde (13H00 GMT). Y si bien será de carácter consultivo, que no vinculante, podría influenciar de manera decisiva la justica climática y sentar jurisprudencia de cara a leyes y decisiones judiciales futuras en todo el mundo.
«El cambio climático no es solo un ejercicio académico, es algo que se vive cada día», declaró a AFP el estudiante fiyiano Vishal Prasad, de 29 años, que junto con otros estudiantes de la Universidad del Pacífico Sur lanzó la campaña desde Vanuatu.
La opinión consultiva de la CIJ es «potencialmente una de las decisiones jurídicas más importantes de nuestro tiempo», abunda Joie Chowdhury, abogada de la oenegé Center for International Environmental Law, que apoya el caso.
Y es que, según sostiene, podría «definir una nueva era, en la que la justicia climática no es una aspiración remota, sino un mandato global, aquí y ahora».
Dos grandes cuestiones –
Naciones Unidas ha pedido a los 15 jueces de la CIJ que respondan a dos preguntas.
¿Qué obligaciones tienen los Estados, en virtud del derecho internacional, de proteger la Tierra de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la combustión de petróleo, gas y carbón?
¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de estas obligaciones cuando los Estados, «por sus actos y omisiones, han causado daños significativos al sistema climático»?
La segunda pregunta se refiere a las responsabilidades de los Estados por los daños causados a países pequeños y más vulnerables y a sus poblaciones, en particular los amenazados por la subida del nivel del mar y las condiciones meteorológicas extremas en regiones como el océano Pacífico.
En los últimos tiempos, tanto algunos países como los ambientalistas, frustrados por la lentitud de los procesos habituales de negociación, han recurrido cada vez más a los tribunales para obligar a los Estados y las empresas a actuar contra el cambio climático.
Las COP organizadas cada año por Naciones Unidas han logrado suavizar las previsiones de calentamiento, pero no lo suficiente como para respetar el objetivo límite de 2° C respecto a la era preindustrial, fijado por el Acuerdo de París de 2015. Actualmente, el calentamiento registrado es ya de 1,3° C.
Una pugna desigual-
Durante sus audiencias, en diciembre, el tribunal escuchó más de 100 alegaciones, un récord. Muchas de ellas procedían de estados pequeños que comparecían ante el tribunal por primera vez.
Los grandes contaminadores, como Estados Unidos e India, argumentaron que el arsenal jurídico existente —la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y las COP anuales— era suficiente.
Sin contar con que Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, retiró su financiación de la CMNUCC y se desentendió de su pacto histórico, el Acuerdo Climático de París.
Los pequeños países reclaman el pago de compensaciones a los contaminadores históricos, una demanda inaceptable para los países más industrializados. Y los detractores de este proceso argumentan que los países señalados ignorarán las posibles consecuencias jurídicas y pecuniarias del posicionamiento de la CIJ.
—Pero el derecho internacional se construye también a base de este tipo de opiniones consultivas —replica Andrew Raine, del departamento jurídico del Programa de Naciones para el Medio Ambiente (UNEP).
«Aclaran la forma en que el derecho internacional se aplica a la crisis climática, lo cual repercute en los tribunales nacionales, los procesos legislativos y los debates públicos», explica a AFP.
Agencia AFP
