La Iglesia católica debe facilitar la remoción de sacerdotes que han abusado de menores y dar a las víctimas “acceso a la verdad”, afirmó el martes una comisión papal del Vaticano en su informe inaugural sobre la protección de los niños.
El informe global detallado de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores fue el primero desde que el Papa Francisco creó el organismo en 2014 para tratar de abordar el abuso generalizado dentro de la Iglesia.
Aunque no es una auditoría de casos de abuso sexual, el documento de 50 páginas buscó identificar deficiencias y promover políticas efectivas en toda la Iglesia para proteger a los niños y adultos vulnerables.
El jefe de la comisión, el cardenal Sean O’Malley, dijo el martes en una conferencia de prensa que la Iglesia estaba saliendo de un “período oscuro” en el que “los líderes fallaron trágicamente a aquellos que estamos llamados a pastorear”.
Reconociendo que lograr un cambio dentro de la institución era una “caminata cuesta arriba”, dijo que había comenzado una transición “en la que la responsabilidad, el cuidado y la preocupación por las víctimas están empezando a traer luz a la oscuridad”.
Los escándalos de abuso han sacudido a la iglesia en todo el mundo y la comisión, que cuenta con una década de existencia, ha enfrentado críticas por su rol y organización, y varios de sus principales miembros han renunciado por frustración, citando obstáculos.
En 2022, Francisco lo incorporó a la Curia romana -el gobierno de la Santa Sede- pidiendo un informe anual de lo que se estaba haciendo “y de lo que hay que cambiar”.
El miembro de la comisión Juan Carlos Cruz, un sobreviviente de abuso, agradeció a “los sobrevivientes conocidos y desconocidos”, así como a “aquellos que trágicamente no están con nosotros hoy”.
“Muchos se han suicidado o han dejado este mundo sin ninguna esperanza. Para ellos este día es importante”, dijo Cruz, añadiendo que el informe era importante por la inclusión de palabras que antes eran tabú, como “confianza, justicia, reparación”.
Sin embargo, el informe encontró que los avances en la protección de los niños y los adultos vulnerables variaron drásticamente en todo el mundo.
En algunas regiones, los abusos cometidos por clérigos todavía no eran un “problema público”, mientras que los recursos de protección eran “inadecuados” en partes de América Central y del Sur, África y Asia. Citó como ejemplo Papua Nueva Guinea, donde los equipos médicos para demostrar la violación son prohibitivamente caros.
Entre sus recomendaciones, dijo que se debería dar a las víctimas más acceso a la información para evitar “procesos canónicos opacos como fuente de retraumatización”.
“Es traumatizante para la gente tener que contar su historia cien millones de veces y sentir que no lleva a ninguna parte”, dijo Cruz.
La comisión dijo que estaba considerando la idea de crear un defensor del pueblo para ayudar a las víctimas y dijo que las reparaciones se estudiarían más profundamente en el próximo informe.
Para reducir la burocracia y agilizar los casos, el informe también pidió responsabilidades más claras para los diferentes dicasterios o departamentos del Vaticano que tratan los casos de abuso.
Además, la Iglesia necesita agilizar su proceso para remover a los sacerdotes abusadores, y el informe cita la “necesidad de un procedimiento disciplinario o administrativo que proporcione una vía eficiente para la renuncia o destitución del cargo”.
Pero no proporcionó más detalles sobre cómo debería hacerse esto, ni especificó si se tomarían medidas contra los sacerdotes condenados por abuso o simplemente sospechosos.
– ‘Atrévete a denunciar’ –
Desde que asumió el papado en 2013, Francisco ha tomado numerosas medidas para combatir los abusos, desde la apertura de documentos internos de la Iglesia hasta el castigo a los altos cargos del clero. Ha hecho obligatorio denunciar las sospechas de agresión sexual a las autoridades eclesiásticas.
Pero los clérigos todavía no están obligados a denunciar los abusos a las autoridades civiles, a menos que las leyes de ese país lo requieran, mientras que cualquier revelación hecha en la confesión permanece privada.
Cada año, la comisión revisará entre 15 y 20 conferencias episcopales, que representan a las iglesias locales, y al hacerlo dijo que esperaba revisar a toda la Iglesia en cinco o seis informes.
Parte del mandato del organismo es ayudar a las iglesias locales a desarrollar directrices, reconociendo que anteriormente “los líderes de la iglesia con demasiada frecuencia tomaban decisiones sobre una base ad hoc, según su propia discreción y sin referencia a estándares aceptables”.
Los desafíos en varias regiones incluyen dificultades en México para presentar informes de abusos a las autoridades civiles y, en Bélgica, poca supervisión de los sacerdotes belgas que trabajan en América Latina, África o Asia.
Una “cultura del silencio” en torno a los abusos sexuales impide denunciar estos casos en Camerún y la República Democrática del Congo, países africanos donde “la cultura de la protección es un concepto nuevo”.
A nivel mundial, el informe señala que un desafío constante es que las iglesias locales continúan priorizando la reputación de la Iglesia por encima del apoyo a las víctimas.
En Europa, a pesar de las mayores medidas adoptadas para combatir el abuso sexual por parte del clero, el informe citó el lento procesamiento de los casos dentro de la Iglesia, que esperan la conclusión de cualquier juicio penal antes de continuar.
Los miembros de la comisión sobre abusos, nombrados directamente por el Papa, son expertos en campos relacionados con la protección.
Pero dos miembros que representaban a sobrevivientes de abusos renunciaron en 2017. El año pasado, el influyente sacerdote jesuita alemán Hans Zollner también renunció, quejándose de “problemas estructurales y prácticos”.
Cruz dijo a los periodistas que no habría elegido formar parte de la comisión si se tratara sólo de “relaciones públicas”.
“Este informe no es perfecto, pero… es un esfuerzo sincero para eliminar esta maldición del abuso sexual y todo tipo de abuso de la Iglesia”.
