Nueva Jersey prepara una nueva tarifa para las empresas cuyos trabajadores tienen cobertura médica de Medicaid en lugar de estar cubiertos por sus empleadores. Otros estados también lo están considerando.
Los legisladores demócratas y los gobernadores lo ven como una forma de ayudar a pagar el programa de seguro conjunto federal y estatal que cubre a los residentes de bajos ingresos, ya que se espera que cambios en la política federal encarezcan el programa para los estados y puedan llevar a una reducción en el número de personas con cobertura.
Los defensores también sostienen que se trata de equidad, porque los empleadores se benefician de tener a algunos trabajadores de menores ingresos con cobertura médica financiada por los contribuyentes.
Los grupos empresariales se oponen. También lo hacen algunas organizaciones de política pública de tendencia progresista.
Nueva Jersey introduce la tarifa
La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, firmó una medida el martes por la noche para cobrar a los empleadores que tengan al menos 50 trabajadores cubiertos por Medicaid, y el presupuesto estatal que aprobó a principios de semana cuenta con recaudar 145 millones de dólares este año a través del programa.
Según el plan, se facturará a las empresas por cada empleado y por los dependientes del empleado que reciban Medicaid, el programa de seguro conjunto estatal-federal.
Las tarifas por persona comenzarían en 325 dólares al año para las empresas con 50 a 249 beneficiarios de Medicaid y llegarían hasta 725 dólares anuales para los empleadores con al menos 500 beneficiarios.
Un proyecto de ley aprobado esta semana en California no impone un cobro ahora, pero sí ordena a la administración estatal presentar a los legisladores opciones para hacerlo el próximo año.
Completar el proceso recaería en el sucesor del gobernador Gavin Newsom, un demócrata que dejará el cargo en enero. El candidato demócrata a gobernador Xavier Becerra ha incorporado un cobro a los empleadores como parte de su campaña electoral.
El senador estatal John Laird, un demócrata que patrocinó la propuesta de California, indicó que la gran ley fiscal y de política pública que el presidente Donald Trump firmó hace un año fue un factor importante en la necesidad de actuar, porque podría llevar al estado a gastar más en Medicaid para cubrir los huecos que dejen los cambios federales.
La Oficina de Presupuesto del Congreso, que no es partidista, prevé que más de 10 millones de personas no tendrán seguro debido a la ley para 2034. La norma exige que algunos beneficiarios trabajen, estén estudiando o hagan voluntariado, y exige a aún más personas que demuestren que cumplen los requisitos. La mayoría de los empleados de las empresas más grandes no correrían el riesgo de perder la cobertura de Medicaid mientras trabajen al menos 20 horas a la semana.
Laird también señaló que hay un tema de equidad en juego.
“Si usted es dueño de una pequeña empresa en California, es muy probable que esté pagando el seguro médico de sus empleados”, dijo Laird. “Y a través de sus impuestos, está pagando el seguro médico de algunos de los mayores empleadores de California. Y eso no es justo”.
Una legislación con intenciones similares fue aprobada este año en una cámara legislativa tanto en Colorado como en Oregon, pero en ninguno de los dos casos se convirtió en ley. También se presentó una medida en Washington.
El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, un demócrata que busca un tercer mandato en las elecciones de noviembre, ha pedido el mismo paso allí con la idea de convertirlo en parte del presupuesto estatal que entraría en vigor dentro de dos años.
La oposición proviene de empresas y de algunos grupos progresistas
No sorprende que las organizaciones empresariales hayan criticado el enfoque, que aumentaría sus gastos.
“El hecho sigue siendo que muchos generadores de empleo aún van a ser penalizados por algo sobre lo que no tienen control”, expresó en un comunicado Christopher Emigholz, director de asuntos gubernamentales de la Asociación de Negocios e Industria de Nueva Jersey. “Si un empleado rechaza un plan de salud ofrecido por el empleador porque prefiere estar en Medicaid, es injusto penalizar al empleador por la decisión de ese empleado”.
Algunas organizaciones de política pública de izquierda también se oponen a los cobros.
Gideon Lukens, quien analiza la política de salud en el Center on Budget and Policy Priorities, de tendencia izquierdista, dijo que, aunque la idea puede tener buenas intenciones, podría llevar a las empresas a emplear a menos personas de hogares de bajos ingresos o monoparentales. Añadió que las empresas también podrían considerar esa norma al decidir a quién contratar o despedir, y también dónde ubicarse o cuántos trabajadores emplear.
Y, agregó, podría hacer que los empleados —o posibles empleados— tengan menos probabilidades de inscribirse en Medicaid al saber que eso los haría menos atractivos para los empleadores.
“Por lo general, cuando veo un impuesto sobre algo, va a desalentar aquello que se está gravando”, dijo en una entrevista Lukens.
La legislación de Nueva Jersey intenta abordar algunas de las preocupaciones. Eximiría a los empleados temporales, estacionales y de jornada parcial. También prohibiría tomar decisiones laborales basadas en el estatus de Medicaid de un trabajador.
La idea ya había surgido antes, aunque nunca se ha mantuvo
Cobrar a las empresas cuyos trabajadores están cubiertos por Medicaid no es una idea nueva. Al menos dos estados la han promulgado anteriormente, y se ha propuesto en el Congreso.
Los legisladores de Massachusetts adoptaron en 2017 un cobro a los empleadores de hasta 750 dólares por cada trabajador no discapacitado que estuviera cubierto a través de Medicaid o de un plan de intercambio de salud subsidiado por el estado. El programa comenzó en 2018 y no fue renovado cuando expiró al año siguiente.
Una política aún anterior en Maryland, en 2006, afectó de inmediato solo a Walmart. Un grupo del sector la impugnó en los tribunales y ganó, deteniendo las tarifas. Un juez federal determinó que exigía a la empresa rastrear y asignar beneficios laborales de manera diferente en Maryland que en otros estados, en violación de una ley federal que regula los planes de salud para empleados autoasegurados.
La generación más reciente de propuestas podría evitar ese escollo legal al no hacer referencia a esos planes de salud en la legislación.
Agencia AP
