En un movimiento que sacude los cimientos del orden diplomático global, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que califica a la trata transatlántica y a la esclavitud racializada de africanos como el “crimen de lesa humanidad más grave” de la historia. La medida, impulsada por una coalición de 60 naciones de África, el Caribe y América Latina, obtuvo 123 votos a favor.
Sin embargo, el consenso internacional se vio fracturado por el rechazo frontal de Estados Unidos, Israel y Argentina, además de 52 abstenciones provenientes mayoritariamente del bloque occidental y Japón.
El documento condena un sistema de explotación que durante cuatro siglos no solo deshumanizó a millones de africanos, sino que codificó legalmente a los seres humanos y a sus descendientes como “propiedad hereditaria y perpetua”. Según el texto, este régimen convirtió la reproducción humana en una herramienta de acumulación de capital, institucionalizando la jerarquía racial como el motor de la economía mundial.
Una herencia de dolor que no prescribe
La resolución no se limita a una condena simbólica; establece que los delitos derivados de la esclavitud racializada no están sujetos a prescripción. Al invocar el principio jurídico de que “la justicia no caduca con el tiempo”, la ONU abre la puerta a una discusión que muchos países desarrollados han intentado evitar por décadas: la responsabilidad financiera y moral de los estados modernos por los actos de sus antecesores.
El ministro de Asuntos Exteriores de Ghana, Samuel Ablakwa, fue contundente al defender la iniciativa: “La historia no desaparece cuando se la ignora. Este crimen no se pudre y la justicia no caduca”. Para los promotores, las secuelas de la esclavitud, desde las bulas papales del siglo XV hasta las leyes de Virginia del siglo XVII que dictaban que la condición de esclavo se heredaba por el vientre materno, siguen estructurando las desigualdades raciales y económicas que persisten hoy en día.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a las naciones a adoptar “medidas mucho más audaces” para enfrentar estas injusticias históricas, subrayando que la reparación es un paso necesario para la sanación global.
El polémico camino hacia las reparaciones
El punto más divisivo de la resolución es el llamado a establecer un “diálogo de buena fe” sobre la justicia reparadora. La Asamblea General exhorta a los antiguos estados esclavistas a ofrecer disculpas plenas y formales, además de implementar medidas de restitución, indemnización y rehabilitación.
Asimismo, se exige la devolución inmediata y sin costo de bienes culturales, archivos y artefactos robados que actualmente residen en museos y colecciones privadas del hemisferio norte. La oposición de potencias como Estados Unidos y la Unión Europea radica, según sus delegados, en el temor de que esta resolución establezca una “jerarquía de crímenes”, sugiriendo que algunos delitos de lesa humanidad son más graves que otros.
No obstante, para líderes como el presidente de Ghana, John Dramani Mahama, la aprobación es una “salvaguarda contra el olvido” que honra la memoria de los 12.5 millones de africanos secuestrados y vendidos entre los siglos XV y XIX.
Con el inicio del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034), esta resolución marca un antes y un después en la diplomacia internacional, poniendo la reparación histórica en el centro de la agenda de derechos humanos.
La resolución, que coincide con el 25º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban, afirma que la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos representan “la injusticia más inhumana y duradera contra la humanidad” debido a “su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas que siguen estructurando la vida de todas las personas a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital”.
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