Fronteras militarizadas, posibles estados de excepción y controles bancarios son las principales medidas anunciadas el jueves por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para «erradicar la extorsión hasta en el último rincón de nuestra patria». Así, ha declarado la emergencia nacional en materia de seguridad para «combatir el crimen, la extorsión, el narcotráfico y desarticular las organizaciones criminales hasta identificar y capturar a los cabecillas de cuello blanco».
En una comparecencia ante los principales líderes policiales, Castro ha recordado que, en Honduras, la extorsión es el «resultado siniestro de la existencia del crimen organizado que está afincado en diferentes áreas de nuestro país y es una de las principales causas de inseguridad, migración, desplazamiento, pérdida de libertad, muertes violentas y cierre de pequeños y medianos negocios».
Precisamente, este martes, los conductores de buses protestaron por las calles de Tegucigalpa hasta llegar a la Casa Presidencial para denunciar la falta de apoyo de las autoridades ante las extorsiones que sufren bajo amenaza de muerte por parte de grupos criminales entre los que se encuentran las pandillas. El dirigente del transporte urbano de la capital, Eduardo Ruíz, reveló que, en una semana, una ruta llegó a recibir cinco teléfonos por parte de extorsionadores que exigían dinero. Por su parte, el dirigente y empresario del sector del transporte Wilmer Cálix señaló que, en los últimos cuatro años, han sido asesinados 496 trabajadores del transporte, de los cuales 60 han perdido la vida este año.
Esta situación afecta a más sectores en el país centroamericano, tal como pone de manifiesto un informe presentado esta semana por la Asociación para una Sociedad más Justa, que revela que más de 206.000 hogares han sido víctimas de extorsión en lo que va de 2022. Así, este informe desvela que la población de Honduras podría estar pagando hasta 737 millones de dólares al año a estructuras del crimen organizado, de modo que la extorsión impactó durante este año a más de 847.000 niños, jóvenes y personas adultas.
Ante esta situación, el director de la Policía Nacional de Honduras, Gustavo Sánchez, anunció este jueves el Plan Nacional Integral Contra la Extorsión y Delitos Conexos, que contempla implementar patrullajes, retenes y operativos en diferentes municipios, así como evitar el ingreso de dispositivos de comunicación en las cárceles. «Este Gobierno del socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión, así como desde el primer día le declaramos la guerra a la corrupción, a la impunidad y al narcotráfico», remarcó Xiomara Castro.
ESTADOS DE EXCEPCIÓN
Para ello, instruyó a la Policía Nacional a que por medio de sus evaluaciones comunitarias proceda a proponer los estados de excepción y suspensión de garantías constitucionales parciales en las diferentes áreas o sectores donde se amerite». De esta manera, Honduras podría emular a El Salvador, donde la Asamblea Legislativa decretó desde marzo el régimen de excepción en el marco de la ‘guerra contra las pandillas’ declarada por el presidente, Nayib Bukele, y que se ha traducido en la detención de 58.000 personas y la militarización de las calles.
Castro también ha ordenado de manera «inmediata» que los controles y vigilancia en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas «deben realizarse con las fuerzas armadas y la policía militar del orden público» para garantizar la seguridad nacional. La mandataria ha indicado que la Policía Nacional debe
de recuperar en el «menor tiempo posible los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado y sus pandillas» para que ya no haya «territorios sin ley en los barrios, las colonias, las aldeas y los municipios».
Al mismo tiempo, ha ordenado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones controlar la venta de los chips para teléfonos, de forma que ya no se van a comercializar sin el número de identidad. Asimismo, ha instruido a la Comisión Nacional de Banca y Seguro a establecer las medidas necesarias «para que toda transacción económica en las diferentes modalidades sea a través de la identificación del responsable». Por último, ha avanzado que habrá un sistema de investigación e inteligencia financiera para el «rastreo, detección y desactivación de lavado de capitales y activos provenientes del crimen organizado, tanto nacional como transnacional».
«Los fideicomisos y en particular el de la tasa de seguridad fueron despilfarrados de forma secreta y de forma corrupta», denunció Castro, quien lamentó que su Gobierno «ha recibido el país en ruinas», después de que «en los últimos 12 años el pueblo hondureño fuera víctima de la imposición de un cartel del narcotráfico desde el Estado mismo, que permeó las instituciones y las estructuras policiales y militares elevando sin límites la violencia, la extorsión y la formación de organizaciones criminales».
Cabe recordar que el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022) enfrentará a partir del 24 de abril de 2023 un juicio en Nueva York acusado de tres cargos por narcotráfico, después de que fuera extraditado a EEUU, donde permanece en una cárcel tras ser detenido en su país el pasado 15 de febrero.
