Washington. La luz verde del Tribunal Supremo de Estados Unidos a la reactivación de redadas justificadas por motivos de raza, idioma o trabajo en California reavivó temores de «perfilamiento racial», advertidos en su disenso por la jueza Sonia Sotomayor y compartidos por el gobernador Gavin Newsom.
«No deberíamos vivir en un país donde el Gobierno puede detener a cualquiera que parezca latino, hable español y trabaje en un empleo mal remunerado», advirtió la jueza Sonia Sotomayor en su voto disidente, luego de que el Tribunal Supremo decidiera este lunes por 5 votos a favor y 4 en contra reactivar redadas migratorias en California a petición del presidente Donald Trump.
Las redadas habían sido suspendidas el 11 de julio por la jueza Maame E. Frimpong, quien consideró inconstitucional detener a personas basándose solo en raza, idioma, ubicación o empleo. Entre el 6 de junio y el 2 de julio se realizaron 2.792 arrestos, cifra que cayó por debajo de los 1.400 en julio y principios de agosto, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.
Las operaciones iniciales provocaron grandes protestas en Los Ángeles, con enfrentamientos entre manifestantes y la policía local. Trump respondió desplegando hasta 2.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines. En ese periodo se contabilizaron alrededor de 2.800 arrestos, según cifras oficiales y reportes de medios.
Desde entonces, el Departamento de Seguridad Nacional informó que las redadas en Los Ángeles han superado ya los 5.000 arrestos. Cifra utilizada por el Gobierno para justificar la continuidad de los operativos federales.
Alerta por estrategia de «terror racial»
Tras el fallo del Supremo, el gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la decisión como una amenaza para las comunidades latinas y las familias inocentes. En un comunicado, advirtió que las autoridades judiciales se están convirtiendo en «el gran mariscal de un desfile de terror racial».
Newsom mantiene un historial de choques con Trump que incluye el despliegue federal de la Guardia Nacional en California, demandas judiciales y una escalada de ataques mediáticos mutuos. En junio, acusó al expresidente de militarizar las calles y de aplicar una mano dura contra los migrantes, lo que consolidó su papel como uno de los principales críticos demócratas de Trump.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, respaldó las críticas del gobernador y aseguró que el fallo «abre la puerta a la discriminación abierta en nuestras comunidades». Bass afirmó que la ciudad «no será cómplice de políticas que persiguen a la gente por el color de su piel o el idioma que hablan».
Organizaciones civiles como la ACLU y Human Rights Watch denunciaron que la decisión del Supremo «normaliza el perfilamiento racial». Además, expone a millones de inmigrantes y ciudadanos de origen latino a ser detenidos sin garantías. También advirtieron que las redadas de ICE socavan la confianza en las instituciones y generan un clima de miedo en los barrios más vulnerables.
Operativos migratorios llegan a otras ciudades
Los operativos antimigrantes impulsados por el Gobierno de Donald Trump se están expandiendo a nuevas ciudades, con Chicago y Boston en el centro de las acciones más recientes. El mandatario ha prometido «tomar el control federal de la seguridad» incluso en contra del rechazo de autoridades locales. Esta semana, agentes de ICE desplegaron redadas masivas en barrios de mayoría latina en ambas ciudades, desatando protestas y denuncias de perfilamiento racial.
El propio Trump celebró el inicio de estos operativos con un mensaje en su red social Truth, donde escribió el 6 de septiembre: “Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana”. La frase generó críticas de organizaciones civiles, que acusaron al presidente de normalizar la persecución de comunidades enteras por su origen étnico o idioma.
California, epicentro histórico de la disputa migratoria, mantiene un papel clave en este pulso. En 2019, durante la primera administración Trump, ICE reportó más de 18.000 detenciones en el estado. Los Ángeles fue el distrito con más arrestos de inmigrantes sin antecedentes criminales. Varias resoluciones judiciales habían limitado los operativos, pero el reciente fallo del Supremo reactivó la ofensiva en ese territorio.
Entre 2017 y 2020, la confrontación alcanzó su punto álgido cuando Trump convirtió la mano dura migratoria en bandera de campaña. Mientras California encabezaba más de 100 demandas federales contra sus medidas. Con la nueva luz verde judicial, el choque se reaviva, aunque ahora en paralelo con una expansión de las redadas hacia otras grandes urbes.
Con información de: EFE
