El Ministerio Público interrogó a Gregory Adamés, testigo clave y víctima de la tragedia de la discoteca Jet Set, quién asegura habría advertido que el techo del local mostraba signos de colapso y que no era seguro realizar la fiesta programada para la noche de la tragedia.
Adamés, quien era empleado de la discoteca y encargado de la logística y reservas para eventos, acudió a la Procuraduría General de la República acompañado de sus abogados, Luis Andrés Aybar y Plinio Pina. Fue recibido por fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, bajo la dirección de Wilson Camacho.
Durante el interrogatorio, Adamés también formalizó una querella con constitución en actor civil en contra de Antonio Espaillat López, su madre Ana Grecia López, así como de las empresas Inversiones E y L y Club Jet Set.
Entre las pruebas depositadas se incluye un teléfono móvil que contiene videos y conversaciones con Antonio Espaillat. Pese a estas advertencias, Espaillat habría ordenado que el evento continuara como estaba previsto.
La fiesta fue animada por Rubby Pérez, quien falleció durante el derrumbe, junto con más de dos centenares de personas. Adamés, uno de los sobrevivientes, también resultó herido junto a unas 180 personas más.
Se incrementan las acciones legales
Las acciones legales contra los propietarios de Jet Set continúan aumentando. Este martes, la Fiscalía del Distrito Nacional registró un total de 68 querellas y denuncias relacionadas con el caso. Algunas de ellas también involucran al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional por presunta negligencia en sus responsabilidades de supervisión y control estructural del establecimiento.
Los denunciantes sostienen que existían problemas estructurales previos y alegan que la colocación de equipo pesado en el techo fue un factor determinante en el colapso.
Asimismo, varios actores del proceso insisten en que el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar acción penal directa contra Antonio Espaillat, comenzando por su interrogatorio. Critican que hasta la fecha no ha sido citado ni investigado, lo que consideran una falta grave que podría comprometer la credibilidad del sistema de justicia.
Los cargos planteados incluyen homicidio involuntario, negligencia y violaciones a normativas de seguridad en locales públicos. La presión social y jurídica para que se esclarezcan los hechos y se asignen responsabilidades sigue en aumento.
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