El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva con la que vuelve a intentar limitar el derecho a la ciudadanía de las personas nacidas en el país, pese a que el Tribunal Supremo ya bloqueó un intento anterior.
El republicano afirmó ante la prensa que su objetivo es acabar con el llamado «turismo de maternidad», un negocio que consiste en el viaje de mujeres embarazadas a Estados Unidos para que sus hijos nazcan en el país y obtengan la ciudadanía estadounidense.
El Supremo y la Decimocuarta Enmienda
La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, y el Tribunal Supremo invalidó en junio una orden ejecutiva de Trump que buscaba restringir ese derecho.
La Casa Blanca sostiene ahora que el fallo del alto tribunal aún permite limitar la ciudadanía a los hijos de madres que ingresen al país con fines de turismo de maternidad, de personal diplomático, de personas catalogadas como terroristas extranjeros o de quienes nazcan en territorios no incorporados, como Puerto Rico.
Trump había prometido durante la campaña limitar la ciudadanía para los hijos de migrantes en situación irregular, una medida que firmó el mismo día de su investidura para su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, y que abrió una etapa de políticas migratorias más restrictivas.
La orden, que habría afectado a unos 255.000 niños al año, quedó anulada por la decisión del Supremo del pasado 29 de junio, cuando el alto tribunal determinó que «los niños nacidos en Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción» y, por tanto, son ciudadanos.
Trump sostiene que la Decimocuarta Enmienda ha sido interpretada erróneamente y que fue aprobada en 1868, tras la guerra civil estadounidense, con el objetivo de otorgar la ciudadanía únicamente a los hijos de esclavos.
Nueva batalla legal y control migratorio
La nueva orden ejecutiva anticipa una nueva batalla legal entre la administración Trump y organizaciones defensoras de los derechos civiles, que previsiblemente recurrirán la medida ante los tribunales. Sus opositores argumentan que la ciudadanía por nacimiento es un principio constitucional consolidado y advierten que cualquier intento de modificar su aplicación requiere un proceso legislativo o una enmienda constitucional.
El Gobierno estadounidense, por su parte, sostiene que la medida busca reforzar el control migratorio y evitar lo que considera un uso indebido del sistema de ciudadanía. Funcionarios de la Casa Blanca señalaron que la aplicación de la orden dependerá de futuras decisiones judiciales y de la interpretación que realicen los tribunales sobre los límites establecidos por la Constitución.
El debate sobre la ciudadanía por nacimiento se ha convertido en uno de los principales puntos de conflicto dentro de la política migratoria estadounidense, generando una fuerte división entre quienes defienden su carácter histórico y quienes buscan imponer nuevas restricciones.
La disputa podría llegar nuevamente al Tribunal Supremo, lo que convertiría el caso en un nuevo capítulo de la discusión sobre el alcance de los derechos constitucionales en Estados Unidos.
Agencia EFE
